La tranquilidad del barrio porteño de Barracas se vio sacudida luego de que la Policía de la Ciudad desbaratara una red ilegal que falsificaba recetas y constancias médicas con membretes oficiales del Ministerio de Salud, una maniobra que no solo atentaba contra el sistema sanitario, sino que también abría la puerta a delitos asociados como la venta ilegal de medicamentos y la adulteración documental.
Ofrecían certificados en redes sociales como si fueran folletos de un negocio cualquiera, a cambio de unos pocos miles de pesos, poniendo en riesgo no solo la salud pública, sino también la confianza en las instituciones médicas, confió una fuente de la División de Delitos Tecnológicos Complejos, quien estuvo al frente de la investigación.
Todo comenzó con una publicación llamativa en la plataforma Marketplace: “Se llenan recetarios / justificá tu falta en el momento, una frase que a simple vista pudiera parecer una broma, pero que despertó sospechas entre los investigadores.
A 10 mil pesos por receta y con envío a domicilio, este “servicio” clandestino comenzaba a viralizarse entre quienes buscaban ausentarse del trabajo sin consecuencias o incluso acceder sin control a medicación restringida.
La División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad inició rápidamente una investigación que derivó en el hallazgo de una pareja de novios que operaba desde Barracas, específicamente en la villa 21-24 y en un domicilio de la calle Río Limay al 1600.
Ambos ofrecían recetas médicas con el membrete del Ministerio de Salud y con supuestas firmas del Hospital Argerich, un hospital público de altísimo prestigio.
Las recetas falsificadas incluían datos de matrícula médica tachados, que pertenecerían a un profesional real, aunque éste no tendría relación con el ilícito.
La gravedad de la maniobra no reside solamente en el lucro económico o la falsificación documental. Al vender recetas supuestamente expedidas por un médico clínico del sistema público, se habilitaba la posibilidad de conseguir medicamentos de venta controlada, como psicotrópicos o antibióticos fuertes, sin ningún tipo de control médico real.
Para completar el cuadro, los imputados también ofrecían constancias laborales falsas, que muchas personas podían presentar en sus trabajos para justificar ausencias, algo que hoy, en medio de un contexto económico y laboral tan delicado, genera enorme preocupación, incluso en el mundo empresarial.
Durante los allanamientos, efectivos policiales secuestraron 35 recetas sueltas listas para ser completadas, 15 talonarios prácticamente idénticos a los oficiales, un sello de médico, herramientas informáticas y dos teléfonos celulares.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el hallazgo de 33 billetes falsos de 100 dólares. Esa prueba sugiere que la pareja no solo falsificaba documentos médicos, sino que también podría estar vinculada con una red de falsificación de moneda extranjera, un delito federal que suele estar vinculado a organizaciones más grandes.
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 22, a cargo de la Dra. Bettina Mobilio, imputó a los sospechosos por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
La Secretaría Nº 43, encabezada por la Dra. Agustina Arano, acompañó la medida judicial que permitió el operativo. En la causa también podrían sumarse nuevas imputaciones si se comprueba que hubo venta de medicamentos prohibidos o estafas a instituciones de salud.
Hoy pienso en la cantidad de ciudadanos que diariamente se esfuerzan por conseguir un turno médico en un hospital público, y los contrasto con estos casos en los que algunos intentan lucrar falsificando lo que para muchos es un documento sagrado: una receta médica.
No se trata solo de un delito formal, es una traición ética que golpea a la salud pública, genera desconfianza en los pacientes reales y puede derivar en consumos peligrosos.
Por otro lado, este tipo de maniobras ponen el foco nuevamente sobre una problemática que crece con el avance del mundo digital: las redes sociales como canales de comercialización ilegal.
Marketplace, originalmente un espacio destinado a la compra y venta de objetos usados o servicios lícitos, se ha convertido en terreno fértil para fraudes, estafas y delitos de todo tipo.
La facilidad con la que se puede publicar una oferta, obtener clientes y concretar una transacción sin controles despierta preocupación entre las autoridades y plantea la necesidad de reforzar los filtros.
En esta ocasión, la colaboración de los investigadores con la tecnología permitió detectar rápidamente la actividad sospechosa y llegar a los responsables.
Sin embargo, las fuerzas aseguran que es probable que existan más personas involucradas o que se trate apenas de una célula dentro de una organización mayor.
Los investigadores no descartan nuevas detenciones y profundizan para rastrear a posibles compradores frecuentes, quienes también podrían enfrentar cargos si se comprueba que utilizaron dichos documentos para obtener beneficios o medicación ilegal.
Este caso no solo terminó con dos imputados y una cantidad significativa de documentación trucha incautada; constituye además una alerta para la sociedad sobre los peligros de banalizar documentos oficiales y sobre la necesidad urgente de educar y controlar el uso de plataformas digitales.
