La Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un nuevo operativo para desalojar a los manteros que se instalaban en el Parque Saavedra.
Según datos oficiales, en 11 procedimientos ya se removieron más de 17 mil vendedores ilegales, lo que —afirman desde el Ejecutivo porteño— representa un beneficio directo para 1,6 millón de vecinos y comerciantes.
“Sacamos a los manteros de Parque Saavedra y ordenamos el espacio para los vecinos y comerciantes. Era un reclamo histórico del barrio”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al anunciar el operativo que contó con la participación de inspectores, agentes de prevención y efectivos de la Policía de la Ciudad.
El mandatario enfatizó que “el orden no se negocia” y ratificó que la gestión continuará con este tipo de procedimientos en distintos puntos estratégicos.
Qué pasó en Parque Saavedra
Durante los fines de semana y feriados, entre las 8 y las 18 en invierno y hasta las 21 en verano, la avenida García del Río —entre Superí y Freire— se transformaba en un mercado informal.
Allí se habían detectado 120 puestos: 30 gazebos y otros 90 sobre caballetes y mantas. El despliegue generaba problemas de tránsito, dificultades para los peatones, competencia desleal con los feriantes habilitados y un desorden general que los vecinos venían denunciando.
El operativo estuvo coordinado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, con 30 inspectores de venta ilegal, 15 de prevención y personal de distintas áreas de gobierno.
La medida fue ordenada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Complejos, a cargo de Celsa Ramírez, y supervisada por el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny junto a los ministros Horacio Giménez (Seguridad) e Ignacio Baistrocchi (Espacio Público e Higiene Urbana).
El contraste con los feriantes autorizados
A metros de los manteros desalojados funciona una feria de manualistas habilitada, sobre la avenida García del Río y Roque Pérez, que reúne 310 puestos.
También opera allí una Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial (Fiab N°4), los jueves y domingos, que acerca productos de calidad a precios accesibles.
Desde el Gobierno porteño subrayan que el operativo no afecta a estos feriantes, que trabajan con permisos oficiales, y remarcan que se busca protegerlos frente a la competencia desleal.
Un plan más amplio de la Ciudad
El caso de Parque Saavedra se suma a una serie de intervenciones realizadas en puntos críticos de la Ciudad como Once, Flores, Liniers, Constitución, la peatonal Florida y la avenida Avellaneda.
De acuerdo con las cifras oficiales, ya se realizaron más de 440 operativos de desalojo de propiedades usurpadas y cientos de procedimientos en calles y parques para recuperar el espacio público.
Jorge Macri aseguró que “la magnitud del desorden heredado de la gestión anterior fue enorme” y que por eso hubo que remover a miles de manteros en diferentes barrios.
En julio, por ejemplo, el Ejecutivo también intervino en el Parque Saavedra para desalojar construcciones ilegales que operaban bajo la fachada de un centro de jubilados, lo que derivó en la demolición de la estructura y el retiro de siete camiones cargados de escombros.
Más allá de la decisión oficial, el tema genera debate. Mientras algunos vecinos celebran que se recupere la circulación, la limpieza y la seguridad, otros cuestionan la falta de alternativas laborales para quienes viven de la venta ambulante.
Organizaciones sociales han señalado en varias oportunidades que la persecución a los manteros no resuelve el problema de fondo: la precariedad económica que empuja a miles de personas a recurrir a esta actividad.
El Ejecutivo porteño, en cambio, sostiene que las ferias autorizadas ofrecen espacios formales, con condiciones legales y de seguridad, y que desalentar el comercio ilegal es fundamental para garantizar el orden urbano y la convivencia barrial.
El desalojo en Parque Saavedra es un capítulo más de una política que busca consolidar la recuperación del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires.
Con posturas enfrentadas sobre cómo abordar la venta ambulante, el Gobierno insiste en que el camino es claro: avanzar hacia un ordenamiento que priorice a los vecinos, comerciantes y feriantes autorizados, mientras la discusión social sobre el futuro de los manteros seguirá vigente.
