La escena ocurrió a plena luz del día y sin margen para interpretaciones. En una esquina sensible del barrio de Constitución, dos hombres fueron sorprendidos mientras concretaban una operación de compra de droga y, en un intento desesperado por evitar el procedimiento policial, ofrecieron dinero en efectivo a los agentes de la Policía de la Ciudad.
El episodio, que terminó con ambos imputados y bajo prisión preventiva, volvió a exponer una postal recurrente de la zona: narcomenudeo, impunidad percibida y un Estado que, al menos en este caso, actuó con rapidez.
“Oficial, tenemos drogas, marihuana, tres bolsas, somos gente de bien, agarren 300 dólares y queda acá, todo arreglado”.
La frase, pronunciada sin rodeos y registrada en el acta del procedimiento, resume la lógica con la que se movieron los detenidos, convencidos de que el dinero podía cerrar una situación que ya estaba consumada.
El hecho se produjo en Salta al 1400, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 1C patrullaban la zona y detectaron una maniobra típica del narcomenudeo: el pasamanos entre dos personas dentro de una camioneta Ram.
La secuencia fue observada de manera directa por los agentes, que decidieron intervenir de inmediato al constatar que se trataba de una transacción de estupefacientes en curso.
No hubo persecución ni resistencia: los ocupantes del vehículo fueron abordados en el lugar y reconocieron rápidamente lo que estaba ocurriendo.
Los dos hombres, de 28 y 30 años, admitieron que tenían marihuana en su poder y que acababan de comprarla.
Fue en ese contexto cuando intentaron frenar el procedimiento ofreciendo 300 dólares a los oficiales. La propuesta, lejos de cambiar el curso de la situación, agravó su panorama judicial.
El intento de cohecho quedó asentado como un delito independiente, sumándose a la infracción a la Ley de Drogas.
Durante la requisa, el personal policial secuestró tres envoltorios tipo “ziploc” con un peso total de 5,1 gramos de marihuana.
Además, entre las pertenencias de los imputados se encontraron 120.000 pesos en efectivo y 2.000 dólares, una suma que reforzó las sospechas sobre la procedencia del dinero y el contexto de la operación. La camioneta en la que se desplazaban también fue identificada y quedó a disposición de la Justicia.
La intervención judicial quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, conducida por la fiscal Nancy Haron, que avanzó con actuaciones por infracción a la ley de estupefacientes y por cohecho.
En el marco de la investigación, la fiscalía detectó un dato clave: uno de los detenidos había proporcionado una identidad falsa al momento de ser identificado por la Policía.
Al profundizar en su historial, se comprobó que contaba con una condena previa por comercio de estupefacientes, un antecedente que pesó de manera decisiva en la evaluación del riesgo procesal.
Desde la UFLA Este, a través del auxiliar fiscal Carlos Caputto, se solicitó la prisión preventiva de ambos involucrados.
El pedido se basó no solo en la flagrancia del hecho, sino también en la gravedad de los delitos imputados, la tentativa de soborno a funcionarios públicos y, especialmente, en los antecedentes penales de uno de los acusados.
El planteo fue avalado por el Juzgado N°30, a cargo del juez Juan José Cavallari, que resolvió dictar la prisión preventiva para los dos hombres.
El caso vuelve a poner el foco sobre Constitución, un barrio atravesado desde hace años por problemáticas vinculadas al narcomenudeo, el consumo en la vía pública y la circulación constante de dinero ilegal.
No se trata de un episodio aislado: las fuerzas de seguridad reconocen que este tipo de maniobras se repite con frecuencia y que, en muchos casos, los involucrados actúan con una naturalidad alarmante, como si el soborno fuera una salida habitual.
Desde mi lugar como cronista, no puedo dejar de señalar que la rapidez de la intervención policial y judicial marcó una diferencia.
La actuación en flagrancia, el secuestro inmediato de la droga y del dinero, y la decisión de avanzar con prisión preventiva envían una señal clara frente a conductas que buscan socavar la autoridad del Estado.
El intento de “arreglo” quedó expuesto no como una picardía, sino como un delito que agrava la situación de quienes lo cometen.
El expediente seguirá su curso y la investigación determinará si existen conexiones más amplias o si se trató de un hecho puntual.
Mientras tanto, el mensaje es contundente: comprar droga en la vía pública y pretender resolverlo con dólares no solo no garantiza impunidad, sino que puede terminar, como en este caso, detrás de las rejas.
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