Con un fuerte respaldo político, cifras que buscan marcar un antes y un después y un mensaje claro sobre el rumbo de la gestión, la Ciudad de Buenos Aires celebró este jueves los nueve años de la creación de la Policía de la Ciudad, en un acto que funcionó tanto como conmemoración institucional como balance de una política de seguridad que el Gobierno porteño define como histórica.
“En 2025 logramos un hito institucional: bajaron todos los delitos”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al encabezar el desfile realizado en Costanera Sur, una frase que sintetizó el tono de la jornada y que fue presentada como el resultado de una estrategia sostenida de presencia policial, tecnología y decisión política.
El mandatario agradeció el trabajo conjunto de los distintos poderes del Estado y sostuvo que los resultados no son casuales, sino consecuencia de “una fuerza que está a la altura y una gestión que asume la responsabilidad de acompañarla”.
La ceremonia reunió a buena parte del gabinete porteño y a autoridades de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, en una puesta en escena que buscó mostrar coordinación institucional y volumen operativo.
Acompañaron a Jorge Macri el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, además de representantes del Poder Judicial, la Armada Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Policía Bonaerense y Bomberos de la Ciudad.
Durante su discurso, el jefe de Gobierno fue enfático al marcar una línea política sin concesiones: el orden y la seguridad, dijo, “no se negocian”.
En ese sentido, advirtió que su administración no permitirá que los vecinos “sean rehenes de minorías que gritan fuerte para defender privilegios”, una definición que apuntó directamente contra las usurpaciones, los piquetes, la ocupación ilegal del espacio público y los mecanismos de extorsión urbana que, según remarcó, se habían naturalizado durante años.
El balance de gestión incluyó números concretos. En lo que va del año, la Ciudad incorporó 2.500 policías a la calle y sumó más de 680 móviles al patrullaje.
A eso se agregan 400 Puntos Seguros distribuidos en el territorio y una red de más de 16.000 cámaras de videovigilancia, que constituyen el soporte tecnológico de la prevención y la investigación del delito.
También se destacó el trabajo de la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas y de la Patrulla de Control de Accesos, áreas que permitieron evitar ilícitos y secuestrar más de 4.000 vehículos con infracciones graves.
En materia de prevención directa, las cifras buscan dar cuenta de una política de anticipación del delito. En distintos operativos se incautaron más de 11.500 armas blancas, un dato que el Gobierno porteño suele subrayar como clave para reducir hechos violentos en la vía pública.
Además, la Policía de la Ciudad incorporó 600 armas de baja letalidad, entre dispositivos Taser y Byrna, con el objetivo de brindar herramientas intermedias que permitan intervenir sin recurrir al uso de armas de fuego.
Uno de los ejes más sensibles del discurso fue el ordenamiento del espacio público. Jorge Macri puso el foco en los megaoperativos contra manteros, las acciones para erradicar la extorsión de los “trapitos” y el control de los piquetes.
“La Ciudad volvió a ser de todos y no es más territorio del prepotente”, afirmó, en una frase que resume la narrativa oficial de recuperación del espacio urbano para el uso común y el tránsito libre.
La cuestión de las usurpaciones de viviendas ocupó un lugar central. Según el jefe de Gobierno, se trata de una práctica que había sido tolerada de hecho y que hoy se enfrenta con una política activa de intervención.
“No cambió la ley, cambió la decisión política”, sostuvo, al detallar que más de 530 propietarios lograron recuperar sus viviendas gracias a operativos coordinados. El mensaje fue claro: en la Ciudad de Buenos Aires, la propiedad privada “se respeta” y su defensa es parte estructural de la política de seguridad.
El acto también tuvo un componente simbólico y emotivo. Se entregaron distinciones a efectivos que se destacaron en actos de servicio y se rindió homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber, un momento que recordó el costo humano que implica el trabajo cotidiano en la calle.
En la misma línea, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, agradeció el respaldo político del Ejecutivo y aseguró que “gracias a ese apoyo hoy podemos decir con orgullo que todos los delitos bajaron en la Ciudad”.
El desfile se desarrolló sobre la avenida Calabria, entre Julieta Lanteri y Rosario Vera Peñaloza, y contó con la participación de más de 300 efectivos y 125 vehículos, además de un cierre aéreo con helicópteros. Más allá del despliegue, la puesta buscó reforzar la idea de una fuerza profesionalizada, equipada y presente en las 15 comunas porteñas.
La Policía de la Ciudad fue creada en 2016, a partir de la unificación de la Policía Metropolitana y del personal de la Policía Federal Argentina que cumplía funciones en la Superintendencia de Seguridad Metropolitana.
Hoy cuenta con más de 27.000 efectivos, equipamiento de última tecnología y un esquema de capacitación permanente, pilares que el Gobierno porteño considera indispensables para sostener los resultados anunciados.
A nueve años de su creación, la fuerza atraviesa una etapa de consolidación que el oficialismo presenta como una política de Estado.
El desafío, hacia adelante, será sostener en el tiempo los indicadores, responder a nuevas modalidades del delito y mantener el equilibrio entre firmeza, legalidad y cercanía con los vecinos, en una Ciudad donde la seguridad sigue siendo una de las principales demandas sociales.
