Cada 24 de enero, el Día Internacional de la Educación vuelve a poner en primer plano una verdad incuestionable: sin educación no hay futuro posible.
La fecha interpela a los Estados, a las instituciones y a la sociedad en su conjunto sobre la responsabilidad de garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a una formación inclusiva, equitativa y de calidad, sin distinciones ni barreras que condicionen su presente y su porvenir.
La educación es un derecho humano fundamental y no un privilegio, repiten organismos internacionales y especialistas, al remarcar que aprender no solo abre puertas individuales, sino que construye ciudadanía, fortalece la democracia y reduce desigualdades estructurales que se reproducen generación tras generación.
La educación está reconocida como un derecho esencial por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño.
No se trata de una consigna abstracta: implica obligaciones concretas para los Estados, que deben garantizar condiciones reales de acceso, permanencia y egreso del sistema educativo.
En ese marco, el Día Internacional de la Educación funciona como un recordatorio anual de compromisos asumidos y, muchas veces, incumplidos.
En América Latina y en la Argentina en particular, el sistema educativo ha sido históricamente una herramienta de movilidad social.
Sin embargo, en los últimos años, distintos informes advierten sobre brechas persistentes que afectan con mayor fuerza a quienes viven en contextos de vulnerabilidad social, económica o territorial.
La desigualdad no solo se expresa en el acceso a la escuela, sino también en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura, la conectividad y el acompañamiento pedagógico.
Según datos de organismos especializados, millones de niñas y niños en el mundo aún se encuentran fuera del sistema educativo, mientras que otros tantos asisten a instituciones que no cuentan con los recursos mínimos para garantizar una enseñanza adecuada.
La situación se agrava en zonas rurales, barrios populares y comunidades atravesadas por la pobreza estructural, donde la educación compite con urgencias cotidianas como la alimentación o el trabajo infantil.
En este contexto, la educación inclusiva cobra un valor central. No se trata únicamente de garantizar una vacante escolar, sino de asegurar que cada estudiante pueda aprender respetando su identidad, su cultura y sus particularidades.
La inclusión implica reconocer la diversidad como una riqueza y no como un obstáculo, y adaptar las políticas educativas para que nadie quede afuera.
Otro de los desafíos actuales es la permanencia en el sistema educativo. La deserción escolar, especialmente en el nivel secundario, sigue siendo una problemática preocupante.
Factores como la necesidad de trabajar, la falta de motivación, las trayectorias escolares fragmentadas o la ausencia de acompañamiento familiar inciden directamente en el abandono.
Frente a este escenario, especialistas coinciden en la importancia de fortalecer programas de apoyo, tutorías y becas que permitan sostener la escolaridad.
La educación también cumple un rol clave en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. A través de la escuela se transmiten valores, se promueve el pensamiento crítico y se forman ciudadanos capaces de participar activamente en la vida democrática.
En tiempos de desinformación y discursos de odio, el acceso a una educación de calidad se vuelve una herramienta fundamental para el ejercicio pleno de los derechos.
El impacto de la tecnología en el ámbito educativo es otro de los ejes que atraviesan el debate actual. La pandemia dejó en evidencia las brechas digitales y la necesidad de integrar herramientas tecnológicas de manera equitativa.
La conectividad, el acceso a dispositivos y la capacitación docente se consolidaron como aspectos indispensables para garantizar el derecho a aprender en el siglo XXI.
En este marco, el rol de las políticas públicas resulta determinante. La inversión sostenida en educación, la actualización de contenidos, la formación continua de docentes y la articulación con otros sectores del Estado son condiciones necesarias para avanzar hacia un sistema más inclusivo y eficiente.
Organismos vinculados a la niñez y la adolescencia insisten en que garantizar derechos desde edades tempranas tiene un impacto directo en el desarrollo integral y en la reducción de desigualdades a largo plazo.
El Día Internacional de la Educación no es solo una fecha conmemorativa. Es una oportunidad para revisar deudas pendientes, visibilizar problemáticas y renovar compromisos.
La educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para transformar realidades, pero requiere decisiones políticas firmes y una mirada integral que ponga en el centro a niñas, niños y adolescentes.
La educación, entendida como derecho y como inversión social, continúa siendo el camino más sólido para construir una sociedad con más oportunidades y menos exclusiones.
Recordar su importancia cada 24 de enero implica asumir que el futuro se define hoy, en las aulas, en las políticas públicas y en el compromiso colectivo con una niñez y adolescencia con derechos plenamente garantizados.
