El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con una batería de medidas sobre la Villa 31 que busca ordenar un territorio atravesado por años de crecimiento descontrolado, informalidad y disputas por el espacio.
La decisión oficial combina controles de acceso, restricciones a la circulación vehicular y un refuerzo de la presencia policial, con un objetivo claro: frenar nuevas construcciones ilegales y recuperar el control del espacio público en uno de los barrios más densamente poblados de la Ciudad.
“Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al anunciar el despliegue.
Su mensaje fue directo y sin matices: el ingreso de materiales de construcción queda limitado y el Estado busca marcar un punto de inflexión en una zona donde durante años la regulación fue, en la práctica, débil o inexistente.
El plan de ordenamiento no es una acción aislada sino un esquema integral que articula a distintas áreas del Ejecutivo porteño. Intervienen la Jefatura de Gabinete junto con los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, además de la Secretaría Legal y Técnica.
En términos operativos, la estrategia apunta a una combinación de control territorial y fiscalización urbana: desde desalojos de ocupaciones ilegales hasta la clausura de actividades comerciales no habilitadas.
Uno de los ejes centrales es el denominado Plan de Control de Accesos. En la práctica, implica una reconfiguración de la circulación interna del barrio: de las 13 entradas vehiculares, cinco fueron transformadas en calles peatonales, tres cuentan ahora con puestos permanentes de la Policía de la Ciudad y otras mantienen presencia reforzada. A esto se suman cambios de sentido en calles, instalación de bolardos y controles móviles que buscan evitar el ingreso irregular de materiales.
La lógica es clara: limitar la expansión física del barrio mientras se incrementa la capacidad de supervisión estatal.
Los operativos recientes dejaron ver la dimensión del despliegue. Hubo retenes simultáneos en puntos estratégicos como Colibrí y Ramos Mejía, en las inmediaciones de la terminal de Retiro; Yaguareté e Islas Galápagos, cerca del Paseo del Bajo; y también en Colibrí y Alberto Chejolán, lindante al Barrio Saldías. Allí se concentraron controles vehiculares y peatonales con el objetivo de interceptar cargas vinculadas a la construcción informal.
El trasfondo de estas medidas está en el diagnóstico oficial sobre el proceso de urbanización iniciado en 2016. Según el Gobierno, aquella planificación no logró contener el crecimiento desordenado ni consolidar un esquema territorial estable, pese a los objetivos fijados por la Ley 6.129.
En ese contexto, el nuevo enfoque busca corregir desvíos y establecer reglas más estrictas en el uso del suelo.
En paralelo, se intensificaron las intervenciones sobre actividades ilegales o informales. En las últimas semanas se avanzó en la erradicación de la feria de la calle Perette, señalada por la comercialización de objetos robados, y en la remoción de estructuras que ocupaban el espacio público: desde veredas convertidas en depósitos hasta un lavadero de autos y una gomería instalada sobre un micro abandonado.
También fueron clausurados corralones de materiales, considerados un eslabón clave en la cadena que alimenta la expansión sin control.
El factor seguridad aparece como otro componente central. El propio Macri destacó la demolición de un punto de venta de drogas como uno de los hitos recientes.
En ese marco, el Gobierno sostiene que el crecimiento urbano irregular no solo genera riesgos estructurales —por construcciones sin control técnico— sino que también facilita dinámicas delictivas y economías paralelas.
Los números ayudan a dimensionar el fenómeno. La Villa 31 ocupa unas 72 hectáreas en una ubicación estratégica, frente a Retiro, y alberga a cerca de 45 mil personas.
En ese contexto, la presión sobre el suelo derivó en prácticas como la venta de “espacios aéreos” —techos convertidos en nuevas unidades— y un mercado de alquileres completamente informal.
Los valores, lejos de ser marginales, se ubican entre 300 mil y un millón de pesos mensuales para viviendas, y superan el millón y medio en locales comerciales.
Se trata de cifras que revelan un circuito económico significativo, donde la falta de regulación habilita márgenes de ganancia elevados para quienes operan por fuera de la ley.
El desafío de fondo, entonces, excede el control inmediato. El ordenamiento de la Villa 31 pone sobre la mesa una tensión estructural: cómo integrar plenamente un barrio popular al tejido formal de la Ciudad sin agravar la situación social de quienes lo habitan.
Entre la necesidad de imponer reglas claras y el riesgo de profundizar desigualdades, el Gobierno porteño apuesta a una intervención fuerte que, aseguran, busca equilibrar derechos y obligaciones en un territorio históricamente postergado.
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