La Justicia avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni y citó a declarar al contratista que realizó las refacciones en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y al encargado del edificio de Caballito donde adquirió un departamento. Según estimaciones de la causa, el funcionario habría gastado entre 60 y 70 mil dólares en la reforma del inmueble porteño y cerca de 100 mil dólares en las obras del country, por un total de aproximadamente 170 mil dólares invertidos en ambas propiedades.
El contratista deberá presentarse en Comodoro Py
El fiscal Gerardo Pollicita dispuso que Matías Tabar, el contratista responsable de las obras en el country, comparezca a declarar como testigo el próximo 24 de abril a las 9 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py. La citación se produce en el marco de una investigación que busca esclarecer el origen de los fondos utilizados para las refacciones y detectar posibles irregularidades en la adquisición y mejora de los inmuebles del funcionario. El fiscal, además, requirió al contratista la presentación de documentación completa vinculada a los presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de trabajo, facturas y comprobantes de pago relacionados con las obras, así como todas las comunicaciones que tuvo con Adorni o su esposa, Bettina Angeletti, quien aparece como titular de la propiedad en el country. El requerimiento también solicita información detallada sobre las cuentas bancarias, billeteras virtuales, CBU y cheques utilizados para percibir pagos por las obras, con identificación precisa de fechas, montos y pagadores. Se busca establecer la trazabilidad del dinero invertido en ambas refacciones.
Pesquisas sobre pagos y documentación del country
Paralelamente, Pollicita requirió a la administración del country Indio Cuá información detallada sobre los pagos realizados por la propiedad adquirida en noviembre de 2024. Angeletti abonó una tasa de ingreso de 5 mil dólares al momento de la compra, pero la Justicia busca obtener datos completos sobre este desembolso y el pago de expensas mensuales. El pedido se produce porque la administración no respondió a una solicitud anterior similar, lo que motivó que el fiscal insista en obtener esta información. El juez de la causa ya levantó el secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa, lo que permite que la Justicia acceda a sus movimientos financieros y detecte de dónde provienen los fondos utilizados para las compras y refacciones. Esta medida es un paso investigativo crucial para determinar si el jefe de Gabinete cuenta con justificación legal para estos gastos de alto monto que contrastan con su declaración jurada de bienes.
La investigación continúa ganando terreno en la pesquisa sobre posible enriquecimiento ilícito. Las citaciones de testigos clave como el contratista y la solicitud de documentación exhaustiva sugieren que la Justicia está reconstruyendo meticulosamente cada paso del proceso de adquisición y reforma de ambas propiedades. Los próximos interrogatorios y la revisión de documentos podrían arrojar luz sobre cómo financió Adorni estas costosas mejoras inmobiliarias durante su gestión como funcionario público.
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