La demolición de una construcción ilegal en la Villa 31 volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre el avance de las edificaciones clandestinas, el control territorial y la seguridad en uno de los barrios populares más grandes de la Ciudad.
El Gobierno porteño intervino en un terreno del sector de Saldías donde, según denunciaron las autoridades, se levantaba una obra durante la madrugada para evitar inspecciones y controles policiales.
El operativo terminó con la remoción total de la estructura y el anuncio de que en ese lugar funcionará un destacamento policial.
“Creían que construyendo de noche no los íbamos a agarrar. Se equivocaron. Lo demolimos y vamos a instalar un destacamento policial. Repito: está prohibida toda nueva construcción en la villa.
Ley y orden”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al referirse a la intervención que se desplegó esta semana en el Barrio Padre Carlos Mugica, conocido históricamente como Villa 31.
La construcción había sido detectada días atrás en el sector de Saldías y, de acuerdo con la investigación oficial, avanzaba de forma clandestina durante la noche.
Los materiales ingresaban mediante maniobras que buscaban esquivar retenes y controles instalados por la Policía de la Ciudad.
El objetivo era continuar la obra fuera de todo marco regulatorio y evitar la intervención de las autoridades.
El Gobierno porteño remarcó que este tipo de edificaciones están expresamente prohibidas por la Ley 6.129, normativa que regula el proceso de urbanización de la Villa 31 y que establece límites claros para el crecimiento urbano dentro del barrio.
La legislación dispone que cualquier obra nueva, ampliación o modificación debe ajustarse a los planes de ordenamiento territorial, habitabilidad y zonificación aprobados por las áreas competentes, del mismo modo que sucede en cualquier otro punto de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la administración porteña sostienen que el problema de las construcciones ilegales no solo implica un desafío urbanístico, sino también un riesgo estructural y de seguridad.
Muchas de estas obras se realizan sin controles técnicos, sin habilitaciones y sin condiciones mínimas para garantizar la estabilidad de las edificaciones.
A eso se suma el crecimiento desordenado que, según advierten, dificulta el acceso de ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad en sectores donde las calles son angostas y el espacio público suele estar ocupado de manera irregular.
Como parte del operativo de control, en las últimas semanas también fueron clausurados cinco corralones clandestinos que funcionaban dentro de la Villa 31.
Allí se acopiaban y distribuían materiales de construcción durante la madrugada para abastecer obras ilegales. Los procedimientos derivaron en detenciones y en el secuestro de toneladas de insumos utilizados para levantar nuevas estructuras.
Además, las autoridades colocaron bolardos y reforzaron retenes policiales en distintos accesos al barrio para impedir el ingreso irregular de camiones de gran porte con materiales de obra.
La intención oficial es bloquear la logística detrás de las construcciones clandestinas y ejercer un control más estricto sobre el movimiento dentro del asentamiento.
Las tareas de demolición estuvieron a cargo de una empresa contratista de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Barrio Padre Carlos Mugica.
El procedimiento se desarrolló con participación de personal de Fiscalización de la Ciudad, efectivos de la Policía porteña y agentes de la propia UPE, quienes trabajaron en conjunto para asegurar el perímetro y evitar incidentes durante la remoción de la estructura.
La intervención se produjo en el marco del plan de ordenamiento que impulsa el Gobierno porteño en distintos barrios vulnerables de la Ciudad.
En ese contexto, la demolición aparece como la primera acción de alto impacto tras el operativo “Tormenta Negra”, realizado el pasado 14 de mayo con más de 1.500 efectivos desplegados en villas porteñas.
Aquella operación dejó como saldo 27 detenidos, secuestro de droga y el cierre de cinco búnkers vinculados al narcotráfico.
La Villa 31 ocupa unas 72 hectáreas frente a Retiro y alberga a alrededor de 45 mil personas. Con el correr de los años, el barrio se convirtió en uno de los sectores urbanos con mayor densidad poblacional y crecimiento informal de la Ciudad.
En ese escenario, la actual gestión porteña viene impulsando distintas medidas vinculadas al reordenamiento del espacio público y al fortalecimiento de la presencia estatal.
Uno de los primeros hitos del plan fue la erradicación de la feria ilegal de la calle Perette, señalada por las autoridades como un punto de venta de objetos robados.
Luego avanzaron operativos para liberar veredas ocupadas por carros, chatarra y depósitos improvisados, además de la remoción de estructuras que obstruían calles y espacios de circulación.
También fueron desalojados un lavadero de autos y una gomería que funcionaba dentro de un colectivo abandonado sobre una vereda.
Desde el Ejecutivo porteño aseguran que el objetivo final es consolidar un esquema de integración urbana donde rijan las mismas normas para todos los vecinos de la Ciudad, independientemente del barrio en el que vivan.
En esa línea, remarcan que los operativos no se limitan a la Villa 31, sino que también se replican en zonas como Constitución, estaciones de subte y otros puntos considerados conflictivos.
El avance de las construcciones clandestinas y el uso irregular del espacio público forman parte de una problemática histórica que atraviesa distintos asentamientos urbanos del Área Metropolitana.
La combinación entre déficit habitacional, crecimiento poblacional y falta de controles durante años generó escenarios complejos que hoy requieren intervenciones permanentes.
En paralelo, el desafío también pasa por sostener políticas de urbanización, infraestructura y acceso a servicios básicos que permitan mejorar las condiciones de vida de miles de familias.
La demolición en Saldías dejó una señal política clara por parte del Gobierno porteño: reforzar la presencia del Estado en sectores donde históricamente predominó la informalidad.
La instalación de un destacamento policial en el terreno intervenido apunta precisamente a consolidar ese control territorial y evitar que nuevas construcciones ilegales vuelvan a levantarse en la zona.
