La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ya se aprobó, pero el debate recién empieza en los tribunales. Abogados constitucionalistas anticipan una serie de impugnaciones judiciales por artículos que, según sostienen, chocan con garantías de la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Diego Armesto explicó, según lo informado por Somos Crítica, que los planteos serán “caso por caso” y que no habrá una acción colectiva con efectos generales. Eso, lejos de frenar el conflicto, podría multiplicarlo: cada trabajador que se considere afectado deberá iniciar su propia demanda. Más juicios individuales y más incertidumbre sobre derechos como la jornada laboral —sin claridad sobre si el tope será de 8 o 12 horas— y el cálculo de las indemnizaciones.
Andrés Gil Domínguez fue todavía más duro: aseguró que habrá reclamos “en todo el país” y que la ley avanza sin respetar lo que establece la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Habló de una “regresión normativa” y sostuvo que el 95% de los artículos implican retrocesos en materia de protección laboral. “Si un derecho ya fue reconocido, no puede reducirse arbitrariamente”, resumió.
Félix Lonigro, en cambio, señaló que toda ley puede ser cuestionada por inconstitucional, aunque apuntó específicamente al capítulo tributario: debería haber comenzado en Diputados y no en el Senado, lo que podría volverlo inválido. También mencionó posibles conflictos por la caída de la ultraactividad de convenios colectivos y el blanqueo de multas por trabajo no registrado. Mientras tanto, la diputada Myriam Bregman denunció que el traspaso de la justicia laboral a la órbita porteña implicaría 1.200 despidos y un “blindaje” judicial de la reforma. La pelea, todo indica, se muda del Congreso a los juzgados.
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