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Advierten que la ley Bases intenta desmantelar funciones esenciales del Estado

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El proyecto de Ley Bases que comenzará a ser tratado el lunes en la Cámara de Diputados establece modificaciones a la ley que regula el empleo público y varias voces advierten que con ello se intenta desmantelar funciones esenciales del Estado.

Según explica la exsecretaria de Empleo Público durante el gobierno de Alberto Fernández, Ana Castellani, el capítulo IV del proyecto establece que la dotación de la planta permanente de administración pública nacional (APN) puede quedar en “disponibilidad inmediata”, ya “sea porque se cierra el organismo o dependencia donde reviste el agente o -aquí la novedad- porque se determine un exceso de dotación mediante informe emitido por el órgano competente, actualmente bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete”.

Toda la planta permanente de la APN que se encuadra en la Ley Marco de Empleo Público está sujeta a quedar en disponibilidad de manera inmediata“.

ANA CASTELLANI, EXSECRETARIA DE EMPLEO PÚBLICO:

Las modificaciones

El capítulo IV de proyecto plantea un conjunto de reformas a la Ley N° 25.164, a la que se le sustituirá el artículo 11 del Anexo, en el que se estableció que el personal que deba ser reestructurado “quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta 12 meses” y una vez cumplido ese plazo, si el trabajador no formalizó una nueva relación de trabajo, “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”. 

“Toda la planta permanente de la APN que se encuadra en la Ley Marco de Empleo Público está sujeta a quedar en disponibilidad de manera inmediata si se aprueba esta modificación legal, violando el espíritu originario de la ley vigente que protege a aquellos que ingresaron por concurso a la Administración Pública”, advierte la investigadora del Conicet y profesora de la UBA.

En el caso específico de la ciencia y la tecnología, Castellani dice que si se aprueba la Ley Bases tal cual quedó redactada en el dictamen de mayoría, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “desmantelar las dotaciones de cualquier organismo sin necesidad de intervenirlo o cerrarlo, incluso de aquellos que están exceptuados expresamente en los artículos 3 y 6 del capítulo I del proyecto de ley en cuestión”.

El exministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, también expresó que la nueva ley ómnibus representa una “amenaza” al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, ya que “decenas de organismos centrales y descentralizados y empresas del Estado de base tecnológica -salvo excepciones- quedarán expuestos a modificaciones o disolución por parte del Gobierno Nacional. Entre ellos, el SMN, el INTI y la Agencia I+D+I”.

“Si se aprueba el art. 52, se modificarán los criterios que permiten cambiar la dotación en el empleo público. Esto elimina las excepciones conseguidas en el art. 3 y pone en peligro a TODOS los organismos de Ciencia incluido el CONICET. Muy grave”, advirtió Filmus este sábado en su cuenta de la plataforma X.

Entre otras modificaciones, el capítulo IV del proyecto de ley, dispone además que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice ese descuento.

También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa. © Somos Télam

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