Entre las iniciativas que el gobierno nacional logró aprobar en este “veranito legislativo”, que se extendió y promete nuevos triunfos, se encuentra la llamada Ley de Inocencia Fiscal, una normativa que establece un régimen especial para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a mil millones de pesos y un patrimonio menor a 10 mil millones de pesos.
Según la reglamentación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentrará los controles en los ingresos declarados. Desde el oficialismo sostienen que quienes adhieran al régimen podrán depositar dólares y disponer de ellos de inmediato, incluso para generar intereses, con el objetivo de incentivar la bancarización de los llamados “dólares colchón”.
Pero la implementación de esta medida vino acompañada de una advertencia que generó preocupación en el sector financiero. El Gobierno anticipó que los empleados del Banco Nación que exijan documentación adicional a la prevista en la ley podrían ser despedidos.
El mensaje también se extiende, de manera indirecta, al resto del sistema bancario.
La decisión encendió alarmas en la banca pública, que atraviesa un proceso de reducción de personal, especialmente a través de planes de retiros voluntarios. Desde los gremios del sector aseguran que no existen antecedentes de sanciones de este tipo, ya que cualquier cesantía debería estar precedida por un sumario administrativo.
Por el momento, desde el sector sindical aseguran que no existen casos concretos de cesantías vinculadas a esta situación.
“No tenemos conocimiento de despidos en el Banco Nación por motivos de solicitar documentación extra u otra documentación para depósitos en dólares”, confirmó a Data Gremial el titular de la Asociación del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), Arturo Quiñoa.
