Balvanera se consolidó como el barrio porteño con mayor cantidad de propiedades usurpadas recuperadas en el marco de los operativos impulsados por el Gobierno de la Ciudad.
En poco más de dos años de gestión, ya fueron restituidos 780 inmuebles a sus dueños legítimos y el dato expone una problemática que durante años golpeó de lleno a vecinos, comerciantes y propietarios: edificios abandonados, focos de inseguridad y viviendas tomadas que se transformaron en verdaderos símbolos del deterioro urbano.
“Recuperamos un barrio, el orden y el derecho a vivir en paz”, aseguró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante una recorrida por Balvanera, donde encabezó uno de los últimos procedimientos realizados en una propiedad ubicada sobre la calle México.
El mandatario sostuvo que durante mucho tiempo los vecinos convivieron con situaciones de violencia, abandono y miedo, y remarcó que el objetivo de estos operativos es restablecer el derecho a la propiedad privada y mejorar las condiciones de seguridad en distintos puntos de la Ciudad.
El dato que más sobresale es que Balvanera, barrio que comprende zonas como Once, Congreso y Abasto, encabeza el ranking porteño con más de cien inmuebles recuperados.
Detrás aparecen La Boca con 51 procedimientos, Constitución con 44, Almagro con 43 y Caballito con 35. También figuran entre los barrios con mayor cantidad de desalojos San Cristóbal, Flores, Barracas y Palermo.
La cifra refleja una problemática histórica que durante décadas avanzó en distintos sectores de la Ciudad. Muchos de los inmuebles intervenidos presentaban graves daños estructurales, conexiones clandestinas de luz y gas, acumulación de residuos, hacinamiento y situaciones extremadamente precarias para quienes vivían allí.
A eso se sumaban denuncias reiteradas de vecinos por robos, venta de drogas, peleas, amenazas y hechos violentos vinculados a algunas de estas construcciones tomadas.
Uno de los casos más impactantes de las últimas semanas ocurrió en México al 2100. Allí, una vivienda permaneció usurpada durante 15 años y, según confirmaron las autoridades, presentaba riesgo de derrumbe.
El operativo incluyó la participación de efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal de asistencia social. La escena dejó al descubierto el deterioro extremo del inmueble, con ambientes destruidos y condiciones inhabitables.
Otro procedimiento relevante se concretó en Pasco al 500, donde una propiedad de dos plantas había sido convertida en un aguantadero.
En el lugar se acumulaban montañas de chatarra y basura incluso sobre la terraza. Vecinos de la zona denunciaban desde hacía años ruidos molestos, peleas frecuentes y movimientos sospechosos.
La vivienda llevaba más de una década intrusada y era considerada un foco permanente de conflicto barrial.
Las estadísticas oficiales muestran además un fuerte crecimiento en la cantidad de inmuebles recuperados desde el inicio de la gestión porteña.
En lo que va de 2026 ya fueron restituidas 179 propiedades; durante 2025 se contabilizaron 317; en 2024 fueron 254 y en los últimos meses de 2023 apenas 13. El promedio actual equivale prácticamente a una propiedad recuperada por cada día hábil de gestión.
Detrás de cada operativo aparece una situación distinta. Algunos inmuebles estaban abandonados hacía años y fueron ocupados de manera ilegal, mientras que otros eran utilizados como refugio para actividades delictivas.
En varios casos, los propietarios llevaban décadas intentando recuperar sus viviendas a través de procesos judiciales extensos y complejos. Para muchos vecinos, la recuperación de estas propiedades significó también una mejora inmediata en la convivencia cotidiana.
Desde el Gobierno porteño remarcan que varios de estos lugares ya comenzaron a tener nuevos destinos. Uno de los ejemplos más mencionados es el ex hotel “Sol y Luna”, en Balvanera, que tras ser recuperado fue reconvertido en un centro de inclusión familiar.
También se destacan casos comerciales, como el del dueño de una tradicional cantina en La Boca, quien logró ampliar su restaurante después de recuperar un inmueble que había permanecido tomado.
Las autoridades sostienen que el impacto de las usurpaciones no se limita únicamente al propietario afectado. Aseguran que estos inmuebles suelen degradar el entorno urbano, generar problemas sanitarios y aumentar la percepción de inseguridad en el barrio.
Además, muchas construcciones intervenidas tenían conexiones eléctricas clandestinas que representaban un riesgo concreto para toda la cuadra.
En paralelo, el Ejecutivo porteño busca avanzar con proyectos inmobiliarios y urbanísticos en algunos de los terrenos recuperados. Uno de los casos más resonantes es el predio de avenida La Plata al 2200, ocupado ilegalmente durante más de veinte años.
Allí está prevista la construcción de un edificio de departamentos destinado principalmente a sectores medios y efectivos de la Policía de la Ciudad, con financiamiento del Instituto de la Vivienda y créditos hipotecarios del Banco Ciudad.
El avance de estos operativos también reabrió el debate sobre la crisis habitacional en Buenos Aires y el crecimiento sostenido de ocupaciones ilegales en distintos barrios.
Mientras desde el oficialismo destacan la recuperación del espacio urbano y el combate contra estructuras vinculadas al delito, organizaciones sociales advierten sobre la necesidad de políticas habitacionales más profundas para evitar que la problemática continúe creciendo.
Lo cierto es que en Balvanera el tema atraviesa desde hace años la vida cotidiana de miles de vecinos. Casas tomadas, hoteles abandonados y edificios deteriorados se convirtieron durante mucho tiempo en parte del paisaje habitual.
La sucesión de desalojos y recuperaciones impulsadas por la Ciudad modificó ese escenario y volvió a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre seguridad, propiedad privada y convivencia urbana en uno de los barrios más densamente poblados de Buenos Aires.
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