Un nuevo golpe al comercio ilegal en la Ciudad de Buenos Aires dejó al descubierto una red de locales que vendían indumentaria deportiva falsificada.
En un operativo conjunto en Nueva Pompeya, la Policía de la Ciudad incautó más de 300 prendas y zapatillas apócrifas valuadas en más de 13 millones de pesos, clausuró dos locales e imputó a cinco personas por infracción a la ley de marcas y comercialización ilegal.
Durante las inspecciones, los efectivos se encontraron con un panorama que refleja la magnitud del comercio informal en la zona: locales a la vista del público con prendas que imitaban con precisión marcas de primer nivel.
Las autoridades señalaron que la magnitud del decomiso no sólo afecta la economía formal, sino que también evidencia una estructura de producción y distribución ilícita que opera en distintos puntos de la Ciudad.
El operativo fue desplegado por la División de Investigaciones Especiales (DIE) de la Policía de la Ciudad, junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, bajo la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de la doctora Celsa Ramírez.
Las tareas se realizaron en una galería ubicada sobre la avenida Sáenz al 800, pleno corazón comercial de Nueva Pompeya, donde funcionan decenas de locales de ropa, calzado y accesorios, muchos de los cuales operan al margen de la normativa vigente.
Según las estimaciones oficiales, el valor total de las prendas incautadas asciende a 13.120.000 pesos, una cifra que no sólo refleja la escala del negocio sino también la creciente circulación de mercadería trucha en el circuito minorista.
Entre los artículos decomisados se encontraron remeras, musculosas, camperas, pantalones, shorts y zapatillas con logotipos falsificados de reconocidas marcas internacionales como Nike, Puma, Jordan, Under Armour y Lacoste, entre otras.
Las inspecciones contaron además con la participación de agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) y la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT).
Estos organismos detectaron múltiples irregularidades: desde ausencia de documentación habilitante hasta condiciones laborales precarias.
Uno de los locales incluso se encontraba funcionando pese a una clausura previa, motivo por el cual se le impuso nuevamente la faja de cierre y se labraron las correspondientes actuaciones administrativas.
En otro de los establecimientos inspeccionados, los funcionarios constataron que el comercio no contaba con ningún tipo de habilitación ni medidas de seguridad básicas. Como resultado, el local fue clausurado de manera inmediata y se notificó al responsable de la infracción.
Las cinco personas que se encontraban trabajando en los locales fueron imputadas penalmente por disposición de la fiscalía interviniente, que continúa recabando pruebas para determinar el origen de la mercadería y la posible existencia de una red de distribución mayorista.
La doctora Ramírez, reconocida por su labor en causas de contravenciones y delitos económicos, destacó la importancia de este tipo de acciones coordinadas.
“El combate al comercio ilegal es una tarea constante que requiere articulación entre distintas áreas del Estado. Cada operativo es un paso para proteger a los consumidores y a los comerciantes que trabajan de manera formal”, expresó en un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal.
El procedimiento en Pompeya se enmarca dentro de una serie de controles que la Policía de la Ciudad viene realizando en distintos barrios porteños.
En los últimos meses, se efectuaron decomisos similares en Once, Flores y Liniers, tres polos comerciales donde la venta de indumentaria falsificada se mantiene como una problemática persistente.
Según estimaciones de la Cámara de la Indumentaria Argentina, el mercado informal mueve más de 100 millones de dólares anuales y perjudica directamente a los productores locales que cumplen con las regulaciones tributarias y laborales.
Además del impacto económico, los especialistas advierten sobre el riesgo que implica para el consumidor final.
La falsificación no solo vulnera derechos de propiedad intelectual, sino que también puede representar un peligro en productos como zapatillas o indumentaria deportiva que no cumplen con estándares de seguridad ni calidad.
En muchos casos, las telas y materiales utilizados no son aptos para el uso prolongado y pueden generar reacciones alérgicas o lesiones.
La mercadería secuestrada fue trasladada a un depósito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), donde quedará a disposición de la justicia hasta que se defina su destino final.
Generalmente, este tipo de productos son destruidos una vez que se determina su falsedad mediante peritajes técnicos realizados por las marcas afectadas.
La zona de Nueva Pompeya, históricamente vinculada al tango y al comercio barrial, se ha transformado en los últimos años en un punto neurálgico para el intercambio de ropa y calzado a bajo costo.
La combinación de locales formales e informales genera un escenario de competencia desleal que las autoridades buscan revertir mediante controles más frecuentes y sanciones efectivas.
En primera persona, puedo afirmar que este tipo de operativos muestran una tensión constante entre la necesidad de generar trabajo y la obligación de respetar la ley.
Muchos de los empleados encontrados en estos locales son trabajadores informales que desconocen el origen de la mercadería que venden, pero detrás de ellos hay estructuras organizadas que lucran a gran escala con productos falsos.
Las marcas afectadas no sólo pierden millones, sino que además ven dañada su reputación frente a consumidores que creen estar comprando originalidad y calidad.
A pesar de los esfuerzos, el comercio ilegal sigue siendo un fenómeno difícil de erradicar. La informalidad, los altos impuestos y la crisis económica empujan a muchos pequeños comerciantes a recurrir a proveedores que ofrecen precios imposibles de igualar.
Sin embargo, este círculo vicioso alimenta un sistema que perjudica a todos: al Estado, que deja de percibir ingresos; a los trabajadores, que carecen de derechos; y a los consumidores, que terminan siendo engañados.
Con este operativo en Nueva Pompeya, la Ciudad da un nuevo paso en la lucha contra la falsificación y el comercio ilegal.
Pero más allá de las clausuras y los decomisos, el verdadero desafío sigue siendo construir un mercado justo, donde el trabajo genuino y el respeto por la ley no sean la excepción sino la regla.
