Con menos de 200 manifestantes, pero un operativo de seguridad digno de una cumbre internacional, la protesta pacífica encabezada por organizaciones de personas jubiladas frente al Congreso Nacional terminó en represión.
El hecho, ocurrido el martes 30 de julio, fue registrado y denunciado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que advirtió graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
“Estamos hablando de un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza pública, que afectó incluso a observadores de derechos humanos y trabajadores de prensa”, señala el informe preliminar del organismo porteño, que realizó una observación mixta del accionar policial, tanto de forma presencial como a través del monitoreo de medios.
A pesar de tratarse de una movilización pequeña —menos de 200 personas, en su mayoría adultos mayores— el despliegue fue significativo: participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de la Ciudad.
El lugar elegido por los manifestantes fue la tradicional intersección de Avenida de Mayo y Sáenz Peña, frente al Congreso Nacional, donde se congregaron con el acompañamiento de agrupaciones sindicales, políticas y sociales para reclamar mejoras en sus haberes y condiciones de vida.
Poco después de las 17:30 h, la tensión comenzó a escalar. Un cordón policial antidisturbios de la Policía de la Ciudad bloqueó el paso de los manifestantes.
Según testigos y el informe de la Defensoría, en ese momento comenzaron los forcejeos y se desplegaron gases pimienta en forma de balines, junto con golpes con escudos y bastones.
La represión no discriminó: además de manifestantes, resultaron afectados trabajadores de prensa y observadores de derechos humanos, que estaban identificados y no participaban activamente de la protesta.
El saldo fue alarmante: al menos siete personas detenidas y 61 personas heridas, entre ellas una mujer con cortes visibles en el rostro y un hombre mayor con lesiones considerables en los brazos.
La Defensoría del Pueblo presume que el número de afectados podría ser aún mayor, dado que muchas personas abandonaron el lugar sin recibir asistencia.
“Es inaceptable que se criminalice la protesta social, especialmente cuando se trata de sectores históricamente vulnerables como los jubilados”, expresó una vocera del organismo, que además remarcó que la actuación de la Policía de la Ciudad contradice no solo la Constitución Nacional, sino también estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El informe preliminar presentado por la Defensoría indica que se aplicó un protocolo de intervención que no respeta los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por el derecho internacional. Se cuestiona que no hubo mediación previa, ni advertencias suficientes antes del uso de la fuerza, y que la violencia fue ejercida de manera indiscriminada.
No es la primera vez que el accionar de la Policía de la Ciudad es puesto bajo la lupa. En los últimos años, organismos de derechos humanos vienen advirtiendo sobre una creciente criminalización de la protesta social y el uso abusivo de la fuerza en manifestaciones públicas.
La Defensoría del Pueblo ha actuado en múltiples ocasiones como veedora y promotora de denuncias, pero los resultados judiciales de estos casos suelen diluirse en la burocracia o no prosperar.
En esta oportunidad, el organismo no solo documentó los hechos en el momento, sino que también dio intervención a sus áreas jurídicas para evaluar posibles acciones legales. Además, exigió que el Gobierno de la Ciudad rinda cuentas por lo ocurrido, en particular el Ministerio de Seguridad local.
El contraste entre la vejez y la violencia institucional es una imagen difícil de digerir. Mientras los manifestantes —muchos de ellos con bastones y visibles dificultades para movilizarse— reclamaban por una jubilación digna, fueron recibidos con gases, golpes y detenciones. Un hecho que, lejos de ser aislado, parece insertarse en una política de creciente intolerancia hacia la protesta.
La presencia de fuerzas federales en conjunto con la policía porteña también despierta preguntas sobre la coordinación entre jurisdicciones y el uso político de los aparatos represivos del Estado.
¿Era necesaria semejante intervención ante una marcha tan reducida y pacífica? ¿Qué mensaje se transmite cuando quienes deberían ser protegidos son violentados?
Desde la Defensoría del Pueblo aseguraron que continuarán monitoreando la situación y elaborando un informe final que será remitido a organismos nacionales e internacionales.
También instaron a la sociedad a no naturalizar estos hechos: “No se puede aceptar que la protesta pacífica se responda con violencia. La democracia se construye con diálogo y respeto, no con represión”, concluyó el organismo.
