La detención de un hombre de 69 años en el barrio porteño 1-11-14 reactivó una causa de extrema gravedad que permanecía abierta desde hacía casi cuatro años y que tuvo como protagonista a la violencia armada contra una fuerza federal.
Se trata de un episodio que, por su brutalidad y por el tiempo transcurrido, vuelve a poner en primer plano la persistencia de cuentas pendientes en el sistema judicial y el trabajo silencioso de las áreas investigativas para dar con prófugos de alto riesgo.
“Era una deuda pendiente con la Justicia”, deslizó una fuente del caso al confirmar que el detenido tenía una orden de captura vigente desde 2021, año en el que, junto a su hijo, protagonizó un ataque a balazos contra un destacamento de Gendarmería Nacional en el mismo barrio donde finalmente fue localizado.
El procedimiento se concretó en el marco de tareas específicas desarrolladas por personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur de la Policía de la Ciudad.
Los efectivos se encontraban desplegados en la zona cuando identificaron al imputado en la intersección de las calles Riestra y Bonorino, un punto neurálgico del barrio 1-11-14, históricamente atravesado por conflictos vinculados al narcotráfico, la violencia armada y la presencia permanente de fuerzas de seguridad.
Al consultar los antecedentes del hombre, los agentes constataron que sobre él pesaba una orden de captura activa emanada del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, a cargo del juez Bullo. Inmediatamente se dispuso su detención, poniendo fin a un extenso período de fuga que se prolongó durante casi cuatro años.
El hecho que originó la causa ocurrió en 2021 y quedó registrado como uno de los ataques más graves contra personal de Gendarmería en ese sector de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la investigación judicial, el imputado y su hijo se presentaron armados en un destacamento de Gendarmería Nacional ubicado dentro del barrio 1-11-14 y abrieron fuego contra los efectivos que se encontraban cumpliendo funciones en el lugar.
Durante ese ataque, un gendarme resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la nuca, con orificio de salida en el rostro.
La lesión puso en riesgo su vida y demandó una intervención médica de urgencia, además de una prolongada recuperación.
Fuentes del expediente señalaron que el proyectil impactó en una zona crítica, lo que agravó la calificación legal del hecho y reforzó la hipótesis de un ataque directo contra la autoridad.
Las tareas investigativas posteriores permitieron reconstruir la secuencia del ataque, identificar a los agresores y determinar la participación de ambos involucrados.
El hijo del ahora detenido fue localizado y detenido tiempo después del hecho, quedando a disposición de la Justicia.
Sin embargo, el hombre de 69 años logró evadir los operativos iniciales y permaneció prófugo hasta su reciente captura.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de violencia contra fuerzas de seguridad en zonas vulnerables, donde los destacamentos suelen convertirse en blanco de represalias o intimidaciones.
En ese sentido, fuentes judiciales destacaron que la resolución de esta detención no solo tiene valor procesal, sino también un fuerte impacto simbólico en la lucha contra la impunidad.
Desde el punto de vista judicial, la captura permitirá reactivar plenamente la causa, avanzar hacia el cierre de la instrucción y encaminar el proceso hacia una eventual instancia de juicio.
El imputado deberá responder ahora por delitos que incluyen tentativa de homicidio agravada y ataque a personal de una fuerza federal, figuras que prevén penas de cumplimiento efectivo.
El operativo, además, vuelve a poner en foco el rol de las divisiones especializadas de la Policía de la Ciudad, que combinan tareas de prevención con investigaciones de largo aliento.
En ámbitos judiciales remarcan que muchos de estos resultados no responden a hechos aislados, sino a seguimientos prolongados, cruces de información y trabajo territorial constante.
La detención del prófugo cierra una etapa clave de la investigación y refuerza el mensaje institucional de que, aun con el paso del tiempo, los delitos graves no prescriben en la práctica ni quedan en el olvido.
El expediente continúa ahora su curso, con el imputado finalmente a disposición de la Justicia y con una causa que vuelve a cobrar plena vigencia.
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