La Ciudad profundiza el control sobre los permisos falsos y ya lleva 471 espacios levantados en lo que va del año.
En una sola cuadra, entre Federico Lacroze y Teodoro García, había cuatro estacionamientos reservados para personas con discapacidad que eran directamente truchos. Permisos vencidos, datos falsos y hasta titulares que ya habían fallecido. Así de grave es la situación que viene destapando el operativo de control que lleva adelante el Gobierno porteño.
«Insólito. Cuatro estacionamientos truchos en una misma cuadra. Ya van 44 en Palermo y 471 en toda la Ciudad. Se terminó el vale todo. Ley y orden», disparó sin vueltas el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, al confirmar los datos del operativo.
El propio Ejecutivo porteño había dado el primer paso semanas atrás: mediante un decreto, otorgó un plazo de 20 días para que quienes tuvieran espacios reservados sin autorización, vencidos o con datos desactualizados, regularizaran su situación a través del sitio de Trámites a Distancia (TAD) o enviando un mail a reservaespacio@buenosaires.gob.ar. Ese plazo ya venció, y ahora empiezan a correr las consecuencias.
Estos son los datos que dejó el operativo hasta el momento:
- 471 estacionamientos reservados levantados en toda la Ciudad en lo que va del año.
- 44 de esos casos corresponden a Palermo.
- 4 mil es el total de lugares para estacionar destinados a personas con discapacidad en la Ciudad.
- 4 permisos falsos detectados en una misma cuadra de 3 de Febrero al 1100.
A quienes sean sorprendidos falsificando o adulterando los carteles, la Ciudad ya no solo les retira el espacio: también los multa y les suspende la licencia de conducir. Y hay un dato que cambia el escenario para los infractores: ahora también deberán hacerse cargo de los gastos operativos que implica sacar el cartel y repintar el cordón, algo que antes asumía el Estado.
Créanme que esto no es un tema menor. Ocupar un estacionamiento sin permiso no es solo «robarse» un lugar en la calle: es una apropiación ilegal del espacio público que termina perjudicando directamente a los vecinos con discapacidad, que necesitan ese espacio para poder moverse con autonomía. Por eso la nueva normativa incorpora un criterio de responsabilidad económica directa: quien haya generado de forma deliberada la irregularidad, o adulterado el mobiliario urbano, deberá afrontar la totalidad de los costos del operativo. Ya no alcanza con «sacar» el cartel trucho: hay que pagar por haberlo puesto.
El protocolo que aplica la Secretaría de Tránsito porteña es contundente 
. Apenas se detecta una irregularidad, se retira de inmediato la señalización. Si hay sospecha de falsificación o adulteración, se radica una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que investigue, aunque antes se le da al infractor la posibilidad de hacer un descargo. En paralelo, se inicia de forma automática un procedimiento de suspensión preventiva de la licencia de conducir de la persona involucrada.
Esta política se enmarca en un plan más amplio de ordenamiento del espacio público que impulsa el Gobierno porteño, con el objetivo declarado de construir una Ciudad más justa, con las mismas reglas y los mismos derechos para todos los vecinos, sin privilegios ni permisos trucho de por medio.
