Con una decisión que sacude el esquema tradicional del reciclado en Buenos Aires, el Gobierno porteño anunció el fin del financiamiento del traslado diario para 3.100 cartoneros provenientes del conurbano bonaerense, pertenecientes a cooperativas ligadas al dirigente social Juan Grabois.
El cambio busca equilibrar condiciones laborales y transparentar un sistema que hasta ahora favorecía a un grupo reducido, con un costo anual de 6.000 millones de pesos.
“Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, lanzó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al justificar la medida.
Desde la gestión explican que el dinero que se destinaba a ese beneficio será reinvertido en infraestructura, rutas de recolección y mejoras operativas en el sistema formal de reciclado.
El modelo de reciclado urbano en la Ciudad de Buenos Aires está integrado por más de 6.000 recuperadores urbanos que, día tras día, recorren las calles porteñas para recolectar y clasificar residuos reciclables.
Están organizados en 12 cooperativas y trabajan en conjunto con los Centros Verdes, que procesan los materiales. Hasta el momento, sin embargo, no todos operaban en igualdad de condiciones.
Una parte significativa del sistema —exactamente 3.100 recuperadores— contaba con un privilegio: traslado financiado por el Gobierno porteño para viajar diariamente desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires.
Pertenecen a cuatro cooperativas: Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur. Mientras tanto, más de 3.000 recuperadores que viven en la Ciudad o que no pertenecen a ese grupo nunca accedieron al mismo beneficio.
Esa asimetría es, según las autoridades, la que motivó el recorte. El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, explicó que el nuevo objetivo es claro: “Estamos construyendo un esquema transparente, justo y eficiente, donde todos los recuperadores estén bajo las mismas reglas”.
Aseguró que el Estado debe garantizar mejoras reales y no sostener ventajas discrecionales que distorsionan el sistema.
El ahorro generado por esta decisión —unos 6.000 millones de pesos anuales— no quedará en las arcas públicas.
La Ciudad promete que se reinvertirá por completo en fortalecer el sistema de reciclado: desde obras de infraestructura en los Centros Verdes, hasta el aumento de la capacidad operativa, pasando por el refuerzo de rutas en zonas críticas.
Pero esta no es una acción aislada. Se inscribe en una estrategia más amplia que el Gobierno porteño viene aplicando desde hace varios meses, con el fin de profesionalizar y controlar con más eficacia el trabajo de los recuperadores urbanos.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de la intermediación en los pagos. Hasta fines de 2024, más de 2.000 cartoneros cobraban a través de sus cooperativas, que recibían los fondos y luego los distribuían.
Hoy, todos los trabajadores del sistema cobran directamente en sus cuentas del Banco Ciudad. Esto no solo garantiza transparencia, sino que asegura que cada trabajador reciba el monto correspondiente al trabajo realizado.
Además, se bancarizó al 100% del sistema, una medida que permite trazabilidad, evita desvíos de dinero y facilita el control del Estado. Este proceso, según datos oficiales, se completó en tiempo récord y sin conflicto con los trabajadores.
También se implementaron controles biométricos de asistencia en los Centros Verdes y predios logísticos. A través de este sistema, se puede verificar que quienes cobran efectivamente estén cumpliendo su tarea. Según el Gobierno, en el primer mes de aplicación, los descuentos por inasistencias injustificadas crecieron un 45%, lo que revela una mejora en la fiscalización.
La reorganización del sistema incluye, además, un refuerzo de las rutas de recolección en zonas de alta generación de residuos reciclables. Esto apunta a mejorar el rendimiento operativo general y a que más materiales sean recuperados y procesados adecuadamente.
Desde la mirada política, la decisión también tiene su trasfondo. Las cooperativas afectadas están estrechamente ligadas a Juan Grabois, dirigente social y exprecandidato presidencial, con quien el Gobierno porteño mantiene fuertes diferencias.
El cambio en el esquema de reciclado puede leerse, además, como un golpe al entramado territorial y de poder que Grabois sostiene en sectores populares del conurbano.
Pese a las críticas que puedan surgir desde algunos sectores sociales, la administración porteña sostiene que no se trata de un ataque ideológico, sino de una corrección estructural.
Según fuentes del Ministerio de Espacio Público, “durante años se sostuvo un modelo clientelar disfrazado de inclusión laboral, donde el dinero público era administrado con escaso control y sin equidad”.
