La Ciudad de Buenos Aires dio un paso más en el debate sobre la creación de su propio sistema penitenciario.
Este lunes, cuatro comisiones de la Legislatura porteña se reunieron para analizar los proyectos que buscan sentar las bases de una fuerza penitenciaria con conducción civil, orientada no solo a custodiar sino también a promover la reinserción social y la protección de los derechos de las víctimas.
“Se trata de un cambio cultural profundo que va más allá de la seguridad: apunta a transformar la forma en que concebimos la ejecución de la pena”, resumió Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, durante la reunión con los legisladores.
El encuentro reunió a las comisiones de Justicia, Legislación del Trabajo, Seguridad y Asuntos Constitucionales, encabezadas respectivamente por Inés Parry, Matías Barroetaveña, Gimena Villafruela y Hernán Reyes.
Allí se discutieron aspectos clave: desde la carrera penitenciaria hasta la creación de un cuerpo profesional de reintegración social, pasando por condiciones laborales, supervisión externa y derechos de las personas privadas de libertad.
Uno de los puntos centrales fue la necesidad de que la futura fuerza penitenciaria cuente con una conducción civil, algo que marcaría una diferencia sustancial respecto de modelos más tradicionales.
La propuesta incluye un sistema de ascensos escalafonados, formación en el Instituto Superior de Seguridad Pública y la posibilidad de crecer en la carrera desde los puestos iniciales hasta los niveles jerárquicos más altos.
A la par, se avanzó en la idea de conformar un cuerpo de agentes profesionales de reintegración social, que trabajará en conjunto con los jueces de ejecución.
Su rol será diseñar un “plan de vida” para cada persona privada de libertad, tanto en contextos de encierro como bajo prisión domiciliaria, con la participación articulada de todos los ministerios porteños. Este punto, considerado innovador, busca atacar uno de los problemas más críticos: la reincidencia.
El debate también puso sobre la mesa las condiciones laborales de quienes integren la fuerza. Los legisladores remarcaron la importancia de garantizar estabilidad, igualdad de oportunidades, capacitación continua, cobertura médica, ambientes de trabajo seguros y un régimen de licencias completo que contemple enfermedad, maternidad, matrimonio y estudios.
Junto a estas garantías, se destacó la necesidad de establecer obligaciones éticas claras, vinculadas al respeto de la jerarquía, la confidencialidad y la conducta profesional.
La discusión no se limitó a lo interno del sistema penitenciario. También se planteó la creación de una comisión externa de control y supervisión, que funcione como un mecanismo independiente de transparencia y rendición de cuentas.
La idea es que la ciudadanía pueda confiar en un organismo que no solo custodie, sino que también esté sometido a evaluaciones imparciales.
Si bien el debate continuará este miércoles, quedó claro que existe un horizonte común: consensuar un modelo penitenciario que no solo garantice seguridad, sino que además promueva la reinserción social y contemple la centralidad de las víctimas en el proceso.
El subsecretario Halperín fue enfático al señalar que “la seguridad y la reinserción no son objetivos incompatibles, sino complementarios”.
Según cifras oficiales, más del 40% de las personas privadas de libertad en la Argentina reinciden en algún tipo de delito una vez recuperada la libertad. Esa estadística, que refleja las dificultades de reinserción social, fue utilizada en la reunión como ejemplo del desafío que enfrenta la Ciudad.
De allí la importancia de un plan que aborde la cuestión desde una perspectiva integral, con educación, capacitación laboral y acompañamiento psicológico.
La Legislatura porteña busca no repetir errores del pasado, donde el sistema penitenciario fue pensado casi exclusivamente en términos de encierro.
Esta vez, el debate propone un cambio cultural que no solo beneficie a quienes cumplen condena, sino que también proteja a la sociedad al reducir los riesgos de reincidencia.
Personalmente, considero que este tipo de discusiones marcan un punto de inflexión en cómo concebimos la seguridad urbana.
No alcanza con cárceles ni con más control policial: es necesario un sistema que acompañe la reinserción y que, al mismo tiempo, coloque a las víctimas en un lugar de mayor relevancia, con mecanismos que garanticen su participación y reparación.
El cierre de la jornada legislativa dejó en claro que todavía quedan diferencias por resolver, pero que el consenso general apunta a construir un modelo penitenciario propio, moderno y respetuoso de los derechos humanos.
Una apuesta ambiciosa que, de concretarse, podría marcar un antes y un después en la política criminal porteña.
