
La salud en la Ciudad de Buenos Aires quedó, una vez más, expuesta en su flanco más vulnerable. Una clínica clandestina que operaba sin habilitación ni controles sanitarios fue allanada por la Policía porteña en el corazón del Barrio 31.
El operativo destapó un entramado alarmante: falsificación de documentos, recetas truchas, medicamentos vencidos y atención médica sin aval legal.
“Era un consultorio sin habilitación, sin normas básicas de sanidad y con medicamentos vencidos. Estamos ante un riesgo sanitario enorme para toda la comunidad”, aseguró una fuente cercana a la investigación policial.
El operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad y organismos sanitarios nacionales y porteños.
El allanamiento se concretó en una propiedad ubicada en la calle Sara Beatriz Fernández al 400, tras una pesquisa que apuntaba a la existencia de un consultorio ilegal.
En el procedimiento participaron brigadas de Delitos Complejos, la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), la Agencia Gubernamental de Control (AGC), cuerpos tácticos y personal del Ministerio de Salud de la Nación.
Durante la inspección, las autoridades constataron que el lugar funcionaba como una clínica de atención médica sin ningún tipo de habilitación oficial.
Se encontraron camillas, nebulizadores, estetoscopios, un ecógrafo, termómetros, glucómetros, además de una cantidad considerable de medicamentos vencidos y documentación médica falsificada, como recetas oficiales con sellos del Hospital Fernández y certificados con firmas apócrifas.
Los agentes identificaron a dos personas que se presentaban como médicos: un hombre de 58 años y una mujer, quienes fueron imputados por violar el artículo 204 del Código Penal (propagación de enfermedades), la ley 17.132 (ejercicio ilegal de la medicina) y la ley 16.463 (comercialización indebida de medicamentos). Sin embargo, ambos fueron liberados en el lugar luego de las actuaciones judiciales correspondientes.
Lo más grave, según la investigación, es que esta clínica sería la continuación de otra que ya había sido allanada y clausurada en julio de 2024 por hechos similares.
En ese entonces, se descubrió que el establecimiento atendía hasta personas con heridas de bala y se incautó un arma de fuego. Las autoridades ahora intentan determinar si los responsables trasladaron su operación ilegal a esta nueva dirección en el mismo barrio.
Otro dato inquietante surgido del operativo indica que uno de los médicos detenidos utilizaba la firma y sello falsificado de un colega que no tenía vínculo con el lugar, para extender recetas y certificados.
Una práctica que no solo constituye un delito, sino que vulnera gravemente la confianza del sistema sanitario y expone a pacientes a tratamientos erróneos o riesgosos.
La AGC, por su parte, clausuró administrativamente el local tras constatar la ilegalidad de su funcionamiento. También participó la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo del Dr. Federico Tropea, y el Juzgado N°26 de ese mismo fuero, conducido por el Dr. Nicolás Repetto.
Más allá del hecho puntual, este caso vuelve a encender las alarmas sobre el acceso desigual a la salud en contextos de vulnerabilidad. Muchas personas acuden a estos lugares por desconocimiento, necesidad o falta de cobertura, sin saber que ponen su vida en riesgo.
“El sistema de salud tiene que estar más presente en los barrios populares, porque si no, se genera un mercado paralelo donde la urgencia prima sobre la seguridad del paciente”, advirtió una especialista en salud pública consultada para esta nota.
Los controles del Estado lograron frenar momentáneamente esta práctica ilegal, pero la raíz del problema es más profunda.
La demanda de atención médica en zonas postergadas como el Barrio 31 no puede resolverse solo con clausuras. Requiere un abordaje integral, con políticas públicas activas, presencia territorial sostenida y un compromiso real con la equidad sanitaria.
No es la primera vez que una clínica clandestina aparece en Buenos Aires, y lamentablemente tampoco será la última si no se atacan las causas estructurales. Mientras tanto, el Estado corre detrás de la urgencia y los más pobres siguen siendo los más expuestos.
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