Granadas lacrimógenas ofrecidas por Marketplace, una red de venta informal y digital, terminaron por destapar una trama insólita: un efectivo de la Policía bonaerense vendía armamento reservado para uso exclusivo de fuerzas de seguridad.
La operación culminó con tres detenidos y un fuerte llamado de atención sobre el control de armamento en Argentina.
Lo que encontramos no fue sólo un acto de venta ilegal, sino un problema estructural: un miembro activo de la Policía de la Provincia que rompió con todos los protocolos de seguridad, indicó a este medio una fuente de la División Antiterrorismo que pidió reserva de identidad.
El caso salió a la luz en febrero, cuando agentes de la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad realizaban tareas de ciberpatrullaje y dieron con una publicación insólita en el Marketplace de Facebook: un usuario ofrecía a la venta granadas lacrimógenas, un tipo de armamento cuyo uso y posesión están estrictamente regulados y reservados a las fuerzas de seguridad.
Tras el hallazgo, los oficiales comenzaron una investigación silenciosa pero intensa. A partir del seguimiento del usuario y su rastro digital, y con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella, se logró identificar al sospechoso principal.
Se trataba, nada menos, que de un oficial activo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con funciones en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en Esteban Echeverría.
Según la investigación, el policía se valía de su cargo para acceder a este tipo de armamento —estrictamente regulado por la Ley Nacional de Armas y Explosivos (N° 20.429)— y luego lo ofrecía en plataformas de compraventa en internet, infringiendo no sólo las normativas policiales internas, sino también la legislación penal.
Con las pruebas reunidas, el juez Armella ordenó dos allanamientos simultáneos. El primero, en El Jagüel, en el domicilio del efectivo policial. Allí se incautaron seis granadas lacrimógenas en condiciones de uso.
El segundo procedimiento fue en una vivienda de Luis Guillón, donde se detuvo a otras dos personas: un hombre y una mujer que también estaban implicados en la comercialización ilegal.
En ese lugar se hallaron dos armas de fuego sin documentación, seis municiones calibre .38 y un estuche con 32 municiones calibre 9 mm.
Según fuentes judiciales, los tres detenidos enfrentarán cargos por tenencia y tráfico de armas de guerra, una figura penal contemplada en el Código Penal y que conlleva penas de hasta ocho años de prisión.
El caso reviste especial gravedad por el involucramiento de un funcionario público que tenía no solo acceso al armamento, sino la responsabilidad de velar por su uso legítimo.
“La presencia de armamento de este tipo en el circuito informal representa un riesgo altísimo. No estamos hablando de un revólver viejo, sino de dispositivos destinados a disuadir multitudes, con capacidad de causar daños físicos severos si son mal utilizados”, explicó un perito de la Gendarmería consultado por este medio.
En el entorno de las fuerzas de seguridad, el impacto fue inmediato. Voceros de la Policía Bonaerense indicaron que el oficial fue apartado de manera preventiva y se inició un sumario interno.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires también señalaron que se evalúa revisar los protocolos de custodia y entrega de materiales sensibles dentro de las distintas unidades policiales.
La causa sigue en plena etapa de instrucción y no se descarta que haya más implicados o que la red de comercialización sea más amplia de lo que se creyó en un primer momento.
La pesquisa se centra ahora en rastrear las operaciones realizadas por los detenidos, verificar si hubo más ventas concretadas y establecer el destino de las granadas que eventualmente pudieron haber sido colocadas en manos de civiles.
Especialistas en seguridad advierten que este tipo de hechos no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que puede derivar en escenarios de altísimo riesgo.
En contextos de protestas sociales o manifestaciones, el uso de granadas lacrimógenas por fuera de los protocolos oficiales podría generar situaciones de violencia descontrolada, con consecuencias imprevisibles.
Además del peligro directo que representa el uso indebido de estas armas, la circulación ilegal de pertrechos policiales revela un problema más profundo: la falta de trazabilidad y control efectivo dentro de las propias fuerzas.
Para muchos expertos, es momento de reforzar los mecanismos de auditoría y control sobre los arsenales de las policías provinciales.
No se trata de un caso aislado. En los últimos años, distintos informes del Ministerio Público Fiscal advirtieron sobre el aumento de delitos relacionados con el desvío de armas de uso oficial hacia circuitos ilegales.
Entre 2019 y 2023, se detectaron más de 200 casos en todo el país en los que personal vinculado a fuerzas de seguridad fue hallado responsable de estas maniobras.
Como periodista, me resulta difícil pasar por alto la gravedad de que quienes deben protegernos estén involucrados en actividades que atentan contra la seguridad pública.
Este episodio no sólo expone la debilidad de los controles internos de la policía, sino que también enciende una alarma sobre la necesidad de avanzar con urgencia en una política integral de trazabilidad, control y sanción sobre el uso del armamento oficial.
Mientras tanto, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. El país necesita, más que nunca, instituciones confiables.
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