La Ciudad de Buenos Aires volvió a ejecutar un desalojo en el corazón de Once, donde un edificio que llevaba seis años tomado por cartoneros fue liberado y clausurado por daños estructurales.
La medida, que se enmarca dentro de un plan más amplio de recuperación del espacio urbano, busca reafirmar el cumplimiento de la ley y el respeto a la propiedad privada, un eje central en la actual gestión porteña.
“Los bienes de los porteños son sagrados”, fue la frase que marcó el tono político del operativo. La declaración sintetiza el mensaje de una administración que sostiene que no habrá tolerancia frente a las usurpaciones, del mismo modo que se avanzó contra los piquetes y acampes callejeros.
El operativo número 494 de la actual gestión tuvo lugar en el cruce de Sarmiento 2902 y Boulogne Sur Mer, y estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, con el apoyo de personal de Emergencias, Bomberos y la Red de Atención.
El edificio, utilizado como alojamiento informal, albergaba a una veintena de cartoneros que recorrían diariamente el barrio en busca de materiales reciclables.
La clausura preventiva se dispuso por riesgos estructurales en la construcción, lo que hacía inhabitable el inmueble.
Desde el Gobierno porteño se destacó que este tipo de intervenciones no solo buscan garantizar el respeto por la propiedad privada, sino también reducir los focos de inseguridad y mejorar las condiciones urbanas.
En los últimos dos años, se logró la recuperación de centenares de inmuebles en distintos puntos de la Ciudad. Entre ellos, lugares emblemáticos como la Casa Blaquier, el antiguo “Elefante Blanco” de Belgrano, y varios hoteles en barrios como Constitución, San Telmo y Flores.
También se concretaron desalojos en Almagro, La Boca, Villa Crespo y Barracas, entre otros sectores.
El caso más reciente, conocido como la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, reflejó la magnitud del problema: durante veinte años estuvo ocupada por más de cien personas.
La recuperación de ese predio fue presentada por el Gobierno como un símbolo del proceso de ordenamiento urbano que se busca consolidar en la Ciudad.
Las autoridades porteñas sostienen que detrás de cada desalojo hay una combinación de razones legales, sanitarias y de seguridad.
El deterioro edilicio, los riesgos eléctricos y la falta de habilitaciones son parte del diagnóstico habitual.
En este sentido, remarcan que las clausuras preventivas no son castigos, sino medidas de protección tanto para los ocupantes como para los vecinos.
El avance sobre las tomas también se vincula a una política más amplia que incluye la eliminación de la venta ilegal en la vía pública.
Según cifras oficiales, en lo que va del año se realizaron 12 megaoperativos que permitieron desalojar a más de 18.000 manteros en puntos clave como Once, Flores, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos. En la misma línea, se reforzó la presencia policial y los controles de habilitación comercial.
La administración de Jorge Macri sostiene que el objetivo no es solo “limpiar” espacios, sino restablecer un marco de convivencia y respeto por las normas.
El mensaje apunta a recuperar la confianza de los vecinos, en especial de aquellos que conviven con inmuebles usurpados o con focos de inseguridad cotidiana.
En la práctica, los desalojos son procesos complejos. Implican coordinación entre distintas áreas del Estado, desde la asistencia social hasta la reubicación de personas en situación de vulnerabilidad.
Fuentes oficiales aseguran que cada operativo incluye la intervención de la Red de Atención Inmediata, que evalúa caso por caso la situación de los desalojados para evitar que queden en la calle sin contención.
Sin embargo, este tipo de acciones también despierta debate. Diversos sectores sociales y organizaciones barriales sostienen que la política de “tolerancia cero” hacia las tomas no resuelve el problema de fondo: la crisis habitacional que atraviesa Buenos Aires, donde el costo del alquiler y la falta de acceso a la vivienda son una preocupación creciente.
Desde el oficialismo responden que el cumplimiento de la ley no está reñido con la ayuda social y que existen programas específicos para asistir a las familias en emergencia.
En paralelo, la Ciudad viene promoviendo el Programa de Recuperación de Espacios Públicos, que contempla tanto la refuncionalización de predios abandonados como la transformación de zonas degradadas en nuevos polos culturales o de servicios.
La intención, aseguran, es convertir viejas construcciones inutilizadas en activos urbanos con valor comunitario, sin perder de vista la legalidad de su ocupación.
El caso de Once, por su ubicación y su historia, resulta simbólico. Se trata de un barrio que combina la actividad comercial más intensa de la Ciudad con problemáticas estructurales vinculadas a la informalidad, la densidad y la falta de control edilicio.
Recuperar un edificio en esa zona tiene un impacto que trasciende lo jurídico: envía un mensaje sobre la recuperación del orden urbano y la posibilidad de una convivencia más equilibrada entre comercio, vivienda y tránsito.
Como vecino de la Ciudad, veo en este tipo de medidas una doble cara. Por un lado, la necesidad de reafirmar que las reglas existen y que el respeto a la ley no puede ser selectivo; por el otro, la obligación de no perder la dimensión humana del problema.
Nadie elige vivir en un edificio con riesgo de derrumbe o sin servicios básicos. La solución debe incluir un enfoque integral, donde el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda no se enfrenten, sino que encuentren un punto de equilibrio dentro de un Estado presente.
La Ciudad sigue avanzando con su política de ordenamiento y recuperación urbana. El desalojo en Once no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia para restituir espacios, garantizar seguridad y reconstruir el tejido urbano.
Queda por delante el desafío de mantener la firmeza sin perder la sensibilidad, de combinar autoridad con empatía, y de demostrar que una Ciudad ordenada también puede ser una Ciudad inclusiva.
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