Una vivienda que permanecía usurpada desde hacía cuatro años en el barrio porteño de Floresta fue recuperada por el Gobierno de la Ciudad tras un operativo realizado por la Policía de la Ciudad.
En el inmueble, además de habitaciones subalquiladas de manera irregular, las autoridades detectaron el funcionamiento de un taller textil clandestino equipado con varias máquinas de coser, una situación que volvió a poner en foco la problemática de las ocupaciones ilegales y las actividades ilícitas desarrolladas en este tipo de propiedades.
El procedimiento fue ordenado por la jueza nacional en lo Civil María Victoria Pereira y permitió restituir el chalet ubicado sobre la calle Rafaela al 3600 a sus legítimos propietarios.
Desde el Ejecutivo porteño remarcaron que la recuperación de inmuebles tomados forma parte de una política impulsada para reforzar la seguridad, garantizar el respeto por la propiedad privada y desarticular espacios utilizados para actividades fuera de la ley.
La propiedad había sido alquilada originalmente a una familia de nacionalidad boliviana. Sin embargo, de acuerdo con la información oficial, los inquilinos dejaron de abonar el alquiler apenas seis meses después de haber ingresado a la vivienda.
A partir de ese momento, la situación derivó en una ocupación ilegal que se prolongó durante cuatro años.
Durante ese período, quienes permanecían en el inmueble comenzaron a subalquilar distintas habitaciones a terceros, generando una ocupación mucho mayor a la prevista para la vivienda.
Paralelamente, una parte importante de la propiedad fue destinada a la instalación de un taller textil clandestino de grandes dimensiones, donde funcionaban al menos ocho máquinas de costura.
Este tipo de talleres suele generar preocupación debido a las condiciones laborales y de seguridad en las que muchas veces desarrollan sus actividades.
En numerosos procedimientos similares realizados en distintos puntos del país se detectaron trabajadores viviendo en el mismo lugar donde desempeñaban sus tareas, jornadas laborales extensas, instalaciones eléctricas precarias y ausencia de habilitaciones, además de otras irregularidades vinculadas al funcionamiento de estos establecimientos.
Con esta intervención, la vivienda de Floresta se convirtió en la propiedad recuperada número 901 desde el inicio del actual plan de recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente, una política implementada por el Gobierno porteño desde diciembre de 2023 con el objetivo de devolver estos bienes a sus dueños y desalentar las usurpaciones.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que la administración continuará avanzando contra este tipo de ocupaciones y afirmó que no habrá tolerancia para quienes utilicen propiedades tomadas para desarrollar actividades ilegales.
En ese sentido, aseguró que la Ciudad mantiene una política firme para restablecer el orden y proteger el derecho de propiedad.
Además, el mandatario vinculó el hallazgo del taller clandestino con el debate sobre las ocupaciones ilegales y sostuvo que muchos de estos inmuebles terminan siendo utilizados para actividades que exceden la simple permanencia irregular en una vivienda, generando preocupación entre los vecinos y afectando la convivencia en los barrios.
Desde la Ciudad también destacaron que los operativos de recuperación de inmuebles permitieron mejorar las condiciones de seguridad en distintas zonas porteñas y acompañaron una disminución de diversos indicadores delictivos.
Según señalaron, la restitución de estas propiedades contribuye a reducir focos de conflictividad y permite que los dueños recuperen bienes que, en algunos casos, permanecieron ocupados durante varios años.
El caso de Floresta no constituye un hecho aislado. Durante los últimos meses se llevaron adelante otros procedimientos similares en viviendas donde también funcionaban talleres textiles clandestinos.
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en abril de este año en el barrio de Parque Chas, donde una casa que permanecía usurpada desde hacía quince años fue recuperada tras un operativo policial.
En aquella oportunidad, además del funcionamiento irregular del taller, las autoridades detectaron la presencia de menores realizando tareas laborales dentro del inmueble y procedieron a la detención de un inmigrante que se encontraba en situación migratoria irregular.
El procedimiento generó una fuerte repercusión debido a las condiciones en las que se desarrollaban las actividades.
Otro episodio similar tuvo lugar en mayo en el barrio de Floresta, cuando fue recuperada la propiedad número 800 del programa impulsado por la Ciudad.
En esa vivienda, ubicada en la esquina de Bahía Blanca y Bacacay, funcionaba otro taller textil clandestino tanto en la planta baja como en el primer piso. De acuerdo con la investigación, los ocupantes tampoco abonaban alquiler y además obtenían ingresos mediante el subalquiler de habitaciones.
Las autoridades consideran que este tipo de maniobras representan un doble perjuicio: por un lado afectan a los propietarios legítimos, que muchas veces enfrentan largos procesos judiciales para recuperar sus inmuebles; y por otro favorecen la instalación de actividades clandestinas que escapan a los controles estatales y pueden implicar riesgos para quienes trabajan o residen en esos lugares.
Desde el Gobierno porteño también informaron que, desde el comienzo de la actual gestión, el valor estimado de los inmuebles recuperados asciende a unos 450 millones de dólares.
Esa cifra refleja la magnitud del patrimonio restituido a sus propietarios y dimensiona el alcance de una política que busca acelerar los procesos de recuperación de viviendas tomadas ilegalmente en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
La recuperación de esta nueva propiedad en Floresta vuelve a poner sobre la mesa el impacto que generan las usurpaciones prolongadas, especialmente cuando derivan en actividades clandestinas que afectan tanto a los propietarios como al entorno barrial.
Mientras continúan los operativos en distintos puntos de la Ciudad, las autoridades sostienen que el objetivo es consolidar un esquema de intervención que permita restituir inmuebles, reforzar la seguridad y prevenir que estas situaciones vuelvan a repetirse.
