En un operativo que mezcla la astucia con el sentido del deber, una mujer de 38 años fue detenida en un bar de Almagro luego de ofrecer “cupos” para acceder a viviendas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), fingiendo pertenecer a dicho organismo.
La maniobra fue descubierta por un gerente operativo del propio IVC, quien, al advertir la estafa, se hizo pasar por interesado para atraparla en plena acción.
“No podíamos permitir que siguiera jugando con las necesidades de la gente”, aseguró el funcionario que hizo la denuncia y participó activamente en la detención.
La causa quedó caratulada como “usurpación de títulos y honores”, un delito que contempla penas de hasta dos años de prisión para quienes se atribuyen cargos públicos que no poseen.
El ardid de la mujer consistía en presentarse como empleada del IVC y prometer a personas vulnerables —en su mayoría, familias necesitadas de un techo digno— que podía “agilizar” los trámites de adjudicación de viviendas.
Por este “servicio”, exigía un pago de un millón de pesos, con la posibilidad de abonar en dos cuotas. El engaño se sostenía con documentación apócrifa y un discurso elaborado que simulaba conocimiento técnico, lo cual generaba confianza en sus víctimas.
El caso salió a la luz cuando un allegado al gerente del IVC, que había sido víctima del fraude, alertó sobre la existencia de la estafadora.
A partir de allí se desplegó una estrategia que incluyó una denuncia ante el Ministerio de Seguridad y la intervención de la División Investigaciones Especiales. Fue este cuerpo policial el que preparó la emboscada para atrapar a la mujer en flagrancia.
El encuentro pactado se dio en un café del barrio porteño de Almagro. Allí, la mujer se presentó con total seguridad, mostrando supuestos vínculos dentro del Instituto y ofreciendo a su interlocutor —el gerente que fingía ser otro damnificado— una solución rápida para la asignación de una vivienda.
Ignoraba, sin embargo, que estaba rodeada de personal del IVC y efectivos encubiertos, quienes la detuvieron de inmediato cuando quedó expuesta su verdadera identidad.
Al momento de la detención, se le secuestró el teléfono celular, pieza clave para la causa, ya que se sospecha que allí podrían encontrarse registros de las conversaciones con otras posibles víctimas.
Hasta el momento, se identificaron al menos siete damnificados, aunque no se descarta que existan muchos más. “La promesa de una casa propia es una herramienta poderosa en manos de los estafadores. Lo saben, y por eso eligen a quienes más la necesitan”, lamentó un vocero del IVC consultado para esta nota.
La Unidad Flagrancia Oeste, a cargo del Dr. Maragliano y con intervención de la auxiliar fiscal Dra. Archilla, ordenó el traslado inmediato de la detenida, quien permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.
En las próximas horas se definirán las medidas a seguir, entre ellas un posible peritaje de su teléfono para establecer el alcance completo de la estafa.
Este tipo de delitos no solo representa un perjuicio económico para las víctimas, sino que ataca directamente su dignidad y vulnerabilidad.
Personas que, en su mayoría, viven en situaciones precarias o aguardan hace años por una solución habitacional real, se vieron envueltas en una mentira que les arrebató no solo dinero, sino también la esperanza.
Como periodista que ha cubierto numerosos casos vinculados a la especulación con la necesidad habitacional, puedo afirmar que este no es un caso aislado.
Lamentablemente, la ausencia de información clara y el largo tiempo de espera en los trámites oficiales se convierten en caldo de cultivo para que oportunistas monten estafas muy difíciles de detectar.
Por eso, es crucial que los organismos públicos intensifiquen las campañas de concientización y establezcan canales de denuncia más accesibles para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
La mujer detenida, que ya contaría con antecedentes similares aunque no judicializados, había logrado instalar una red de confianza entre sus víctimas.
La metodología se basaba en recomendaciones de boca en boca y supuestos “contactos internos” que nunca existieron. Su caída fue posible gracias a la valentía de quienes no se resignaron a ser estafados y decidieron denunciar.
En definitiva, la historia termina con una impostora tras las rejas, pero también con la certeza de que muchas personas siguen a la espera de una vivienda digna, mientras el Estado debe redoblar esfuerzos para impedir que otros inescrupulosos intenten lucrar con la necesidad ajena.
La lucha contra estas redes de estafa debe continuar con más herramientas, más presencia institucional y, sobre todo, más justicia.
