Desde este miércoles, realizar ciertos trámites clave vinculados a la licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires será gratuito.
Así lo establece una nueva ley aprobada por la Legislatura porteña, que busca alivianar el bolsillo de los vecinos y agilizar gestiones cotidianas.
“Buscamos reducir y aliviar la carga monetaria a quienes invierten y generan nuevos puestos de trabajo, y también allanar el camino a aquellos emprendedores y comerciantes”, aseguró el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al celebrar la medida.
En una iniciativa que apunta tanto a la eficiencia administrativa como al alivio económico, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó una ley que elimina el costo de 71 trámites administrativos.
Entre los más destacados figuran tres que impactan directamente sobre quienes deben gestionar o renovar su licencia de conducir: dos estudios complementarios —el neuropsicológico y el psicodiagnóstico— y el certificado de legalidad.
Hasta esta semana, los estudios neuropsicológico y psicodiagnóstico tenían un costo de $14.630. No eran requeridos a todos los conductores, sino que se solicitaban cuando, tras una primera evaluación psicológica en la posta correspondiente, el profesional detectaba señales que ameritaban una revisión más exhaustiva.
Estos exámenes complementarios tienen un rol fundamental: garantizan que las personas estén en condiciones psicofísicas de tomar el volante, en especial si tienen antecedentes de salud mental o neurológica.
El certificado de legalidad, por su parte, se utilizaba para acreditar el historial de una licencia. Es un documento habitual para conductores que cambian de jurisdicción o deben presentar sus antecedentes ante alguna autoridad nacional o de otra provincia. Su costo anterior ascendía a $7.320.
Según datos oficiales, aproximadamente 2.200 vecinos se verán beneficiados por mes con esta nueva disposición.
Si se hace una proyección anual, se habla de más de 26 mil personas alcanzadas por esta desgravación económica, lo que representa un alivio directo para un sector de la población que muchas veces debe afrontar varios gastos en simultáneo para obtener o renovar el carnet de conducir.
El anuncio fue parte de un paquete mayor que busca simplificar la vida del ciudadano común y, en especial, facilitar el camino a los pequeños emprendedores, comerciantes y PyMEs que operan en la Ciudad.
En ese contexto, la medida también suprime aranceles y costos en otros trámites clave, desde habilitaciones comerciales hasta permisos varios vinculados al funcionamiento de negocios barriales.
La política de gratuidad en trámites forma parte de una estrategia de gobierno que, según fuentes oficiales, busca modernizar el vínculo entre el Estado y el vecino.
En este sentido, no solo se trata de quitar trabas económicas, sino también de desburocratizar procesos, digitalizar servicios y acercar la administración pública a los barrios.
En declaraciones recientes, Jorge Macri sostuvo que “una Ciudad eficiente es aquella que no pone palos en la rueda, que reconoce el esfuerzo de quienes trabajan, emprenden y generan oportunidades”.
Su gestión viene impulsando una serie de transformaciones administrativas que incluyen desde la digitalización de registros hasta nuevas oficinas móviles que recorren los barrios porteños para brindar servicios de documentación, salud y orientación laboral.
Uno de los puntos más destacados de esta reforma es el enfoque preventivo que toma en relación con la seguridad vial.
Al eliminar el costo de los estudios psicodiagnóstico y neuropsicológico, el Estado asume el compromiso de que más personas puedan acceder a diagnósticos certeros y, en caso de ser necesario, iniciar tratamientos adecuados. Lejos de ser un gasto, se trata de una inversión en salud pública y prevención de siniestros.
En un contexto económico desafiante como el actual, donde cada gasto cuenta y donde muchos trabajadores independientes y comerciantes deben ajustar sus presupuestos mes a mes, este tipo de medidas no pasa desapercibida.
De hecho, desde varias asociaciones barriales y centros de formación vial valoraron positivamente la noticia, destacando que “esto no solo facilita trámites, sino que mejora la equidad en el acceso a derechos básicos como la movilidad y el trabajo”.
También es importante remarcar que la gratuidad no afecta la rigurosidad de los controles. Los protocolos siguen siendo los mismos: se solicitarán los estudios solo en los casos en que los profesionales lo consideren necesario, como ocurre hasta ahora. Pero la diferencia es que el vecino ya no deberá afrontar el costo.
En definitiva, se trata de un paso más en la construcción de un Estado más cercano, que pone al vecino en el centro de la gestión.
La iniciativa también envía un mensaje claro en términos de política pública: la eficiencia no está reñida con la inclusión. Al contrario, una administración eficaz es la que sabe dónde recortar gastos sin sacrificar derechos ni calidad de servicios.
Desde el Gobierno porteño indicaron que seguirán evaluando otros trámites que podrían sumarse al listado de aquellos gratuitos, en función del impacto económico y la demanda ciudadana.
También confirmaron que se reforzarán las campañas de difusión para que los vecinos conozcan sus nuevos derechos y no paguen de más por gestiones que ahora están contempladas sin costo.
