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Vecinos de Palermo celebran recuperación de un predio tomado

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El operativo se llevó a cabo en el terreno detrás del Mercado de Bonpland; detuvieron a un empleado con pedido de captura y se avanza con una política de recuperación del espacio público impulsada por la gestión de Jorge Macri.

“El uso irregular del predio había desvirtuado completamente su destino original. Nuestro objetivo es que los vecinos recuperen la tranquilidad”, declaró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el marco del desalojo que tuvo lugar esta mañana en Palermo.

La acción fue encabezada por la Policía de la Ciudad, junto con los ministerios de Espacio Público y Desarrollo Humano, en un predio ubicado detrás del tradicional Mercado de Bonpland al 1600, ocupado desde hace más de dos décadas por el movimiento social La Dignidad, ligado a Juan Grabois.

Según se informó oficialmente, durante el operativo se detuvo a un hombre con orden de captura vigente que trabajaba en el lugar.

La medida forma parte de una ofensiva más amplia del gobierno porteño para recuperar inmuebles públicos y restituir su uso legal, tras años de ocupaciones que, en muchos casos, derivaron en conflictos vecinales y denuncias por usos irregulares.

El predio en cuestión había sido otorgado en 2001 con un permiso de uso precario con el objetivo de montar un comedor comunitario.

Sin embargo, con el paso de los años, el lugar fue transformado en una especie de centro comunitario alternativo donde funcionaban un almacén, una verdulería, puestos de venta de artesanías y hasta un espacio cultural donde se realizaban charlas políticas, eventos y bailes.

De acuerdo a las autoridades, muchas de estas actividades no contaban con autorización oficial y generaban constantes molestias entre los vecinos del barrio. Las denuncias llegaron a provocar clausuras intermitentes por parte del Gobierno de la Ciudad.

Además, desde la administración de Jorge Macri se dejó de financiar el traslado de cartoneros desde el Conurbano hacia el lugar, una práctica habitual durante años en articulación con cooperativas cercanas a Grabois.

Esta decisión busca cortar vínculos financieros entre el Estado porteño y organizaciones que operaban en estos predios sin habilitación legal.

Este caso no es aislado: según fuentes oficiales, desde el inicio de la actual gestión se concretaron 376 desalojos en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de ellos fueron ordenados por la Justicia, aunque también hubo intervenciones administrativas, como la de Palermo.

Los barrios más afectados por estas ocupaciones ilegales fueron Balvanera, Almagro, La Boca, Barracas, Constitución y Flores, donde proliferaban edificaciones usurpadas por personas o grupos que no contaban con permisos ni habilitaciones.

Además de predios tomados, la gestión porteña también avanza con el desalojo de manteros en zonas de alta circulación peatonal.

Hasta el momento, se concretaron 10 grandes operativos en puntos como Once, Retiro, Flores, Parque Centenario, calle Florida, Chacarita y alrededores del Congreso, donde se logró liberar más de 500 veredas y plazas que estaban ocupadas por la venta callejera ilegal.

En paralelo, el Ejecutivo local envió recientemente un proyecto de ley a la Legislatura para endurecer las sanciones contra los «trapitos», que operan principalmente en eventos deportivos y recitales.

La propuesta contempla penas de hasta 60 días de arresto y multas más severas para quienes realicen esta actividad de manera ilegal.

En ese sentido, la Policía de la Ciudad ha detenido a cientos de trapitos en operativos que se intensificaron en las inmediaciones de los estadios de fútbol y en eventos masivos.

“No se trata solo de limpiar las calles, sino de devolverles a los vecinos la seguridad y la posibilidad de transitar sin ser extorsionados”, remarcan desde el Ministerio de Seguridad porteño.

Lo ocurrido en Palermo es un ejemplo del cambio de paradigma urbano que promueve la actual administración.

La recuperación de espacios públicos, el control sobre las usurpaciones y el combate a las actividades ilegales forman parte de un mismo enfoque: ordenar, legalizar y devolverle a los vecinos el uso pleno de su ciudad.

Desde la administración porteña ya adelantaron que el destino del predio desalojado será definido por el Ministerio de Desarrollo Económico, aunque se aclaró que no volverá a ser cedido a organizaciones que incumplan con los requisitos legales.

“Vamos a analizar el mejor uso para este lugar, pero siempre en el marco de la ley”, explicaron fuentes del Ejecutivo.

Por ahora, los comerciantes del Mercado de Bonpland celebran la medida. Muchos aseguran que la presencia del predio tomado generaba “mal clima”, inseguridad y molestias para los clientes.

Con el desalojo, se abre una nueva etapa para el entorno inmediato, donde se buscará promover actividades económicas y culturales dentro de la formalidad.